Conspiración en Pémex

notas sueltas

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

domingo, 18 de febrero de 2018

¿Un buen arreglo?


                                       “Movimiento es el paso de la potencia al acto” (Max Frisch).

Las aguas nacionales se agitan por el influjo cíclico de las elecciones, como si se tratara de dar respuestas distintas a las preguntas existenciales de nuestra economía sin modificar nada, o casi nada, del contexto, los actores y los métodos. Nos repetimos, redundamos en las interrogantes clave de nuestro acertijo nacional, sin pausa ni respiro; rascamos en los bolsillos de la estructura salarial en busca de la satisfacción de necesidades acumuladas sin ampliar la bolsa ni llenar tanto expectativas como certezas, perdidos en la oquedad cancina de nuestro círculo vicioso estructural. El sistema, cadáver que se cachondea cada tres o seis años, apesta el acontecer sin que medie máscara antigases ni aromatizantes que valgan: lo que está podrido no admite cirugía reconstructiva.

Sin embargo, se nos recetan fórmulas mágicas para abatir la fealdad de la inflación, el exceso de equipaje de una población en aumento, que ya no cabe en el tren de la contención salarial y las alzas de precios y tarifas de los bienes y servicios que son públicos y se comportan como privados. El sistema que augura jugosas ganancias para los grandes corporativos trasnacionales hinca sus dientes en la carne flácida de un gobierno prostituto, y copula con la dignidad nacional que trota por las calles y medra en las esquinas y callejones de la economía mundial. La nación-traspatio tiene recursos naturales, estratégicos si hubiera proyecto propio. En este contexto, las promesas de bienestar, combate a la corrupción, cese de la violencia e inseguridad pública, suenan como pitorreo lectoral, como chascarrillo mamón que nadie celebra, salvo sus autores.

Los batidos políticos que se ofrecen al paladar nacional como opciones electorales actúan como pócimas vomitivas y cumplen su función a la perfección al disuadir al votante de cumplir con su papel de elector nacional y local. Usted podrá replicar diciendo que otra opción es la del López Obrador, y estoy de acuerdo, pero, en el panorama político-electoral diseñado para acarreados, apáticos, timoratos y despistados, la inercia de votar por el PRI o el PAN es fuerte, y las variantes de un mismo modelo siguen siendo un pleonasmo, redundancia o tautología que reduce la oferta a su mínima expresión: es PRI o PAN, nomás que revolcada, marinada, adobada, empanizada o simplemente empaquetada con nuevos envases y marcas. La mierda puede estar en la letrina, en el sanitario, en una placa de Petri o envuelta en papel para regalo, pero sigue siendo lo que es, mierda. La opción de López Obrador se sataniza, rechaza y excluye en el discurso oficial porque supone “un peligro para México”, un boleto de ida a las cavernosas y temibles regiones del cambio. Nos dicen que con esto llegaremos a estar como en Venezuela o Cuba, padeciendo los horrores de una democracia basada en la voluntad del pueblo, en defensa de su patrimonio material y cultural, con salarios dignos, con empleo, educación, vivienda y salud para todos. ¿Se imagina usted vivir en un país donde los recursos naturales sean para beneficio del pueblo que lo habita? ¡Cielos, no lo puedo creer! Debe ser terrible creer y defender la soberanía nacional.

Tanto el PRI como el PAN y satélites coaligados tiene discursos complementarios que recuerdan el bodrio salinista de las concertaciones, de la formalización del cogobierno y el pacto de complicidad transexenal para efectos de garantizar la impunidad y el disfrute del saqueo del erario y el despojo inmobiliario, así como el blindaje de negocios bastante corruptos y rentables. ¿No es lógico que centren su campaña en desacreditar a su contraparte electoral encarnada en Morena? Su calidad de socios los obliga a cargar contra el “outsider” que puede dar la sorpresa de vencer la aplanadora del sistema y una buena estrategia es la del temor visceral de grandes capas de la población que tiene la costumbre de sufrir el apaleamiento del sistema pero que, sin embargo, tiene miedo de reaccionar en su propia defensa. ¿Valdrá la pena dejar hacer a un sistema que te jode? ¿Usted cree que si vota por López Obrador va a perder lo ganado? ¿En serio, cree que podríamos estar peor?

Un pueblo con una voluntad política paralizada es el escenario ideal para el avance de las trasnacionales, para la explotación de los recursos por manos extranjeras, para retroceder a la época colonial o si se prefiere a los tiempo del porfiriato. Cabe recordar que la huelga de Cananea tuvo el propósito de emancipar a los trabajadores del yugo y la explotación de los gringos, la expropiación petrolera y la nacionalización eléctrica, pasando por la de los ferrocarriles fueron hitos en la consolidación de nuestra independencia y libertades; de la construcción de un país de leyes, del reconocimiento y consolidación de las luchas de los trabajadores, de abrir el camino para paz y la justicia social. Usted sabe que somos un pueblo traicionado por un sistema corrupto que se resiste al morir.

A juzgar por nuestra experiencia histórica, un buen arreglo para este complejo desbarajuste económico, político y social nacional sería el decidir votar de una vez por todas por el cambio, y en ello llegar a la conclusión de que no podemos estar peor que como estamos, y que, como se vea, estaríamos mejor con López Obrador. Ahora que si ya de plano hemos perdido la esperanza y nos vale gorro lo que siga, prácticamente declarados enfermos terminales, pues ahí están los predecibles e infaltables Anaya y Meade. Sobre aviso no hay engaño.


domingo, 11 de febrero de 2018

Es que es el sistema


                                 “Pena de prisión a las ratas del ISSSTESON” (consigna sindical).

Como usted sabe, actualmente estamos empeñados en una lucha por la vigencia de los derechos humanos y la justicia social y que postula, centralmente, el derecho que tienen los trabajadores al acceso a la salud y la seguridad social, de suerte que se garanticen sin regateos ni manipulaciones las prestaciones y servicios que hacen posible una vida útil y una vejez digna. Entendemos la seguridad social como un mecanismo solidario de redistribución del ingreso prioritario en una economía donde lo único que suben son los costos de los bienes y servicios básicos para la población, así como las prerrogativas que tiene las empresas privadas sobre las entidades públicas.

A todo mundo pega la inflación, la falta de oportunidades, el desempleo y subempleo y, sobre todo, la ausencia de sentido social que tiene las reformas estructurales que no sólo afectan la buena marcha de los asuntos públicos sino que desgarran el tejido social y general cuadros de violencia incontrolables e inocultables, a pesar de los esfuerzos del gobierno por ocultar los nefastos efectos de las privatizaciones, la desnacionalización de los bienes públicos y la ausencia de un proyecto nacionalista.

En este desbarajuste neoliberal las fuerzas sociales están atomizadas por el peso de la ideología dominante de corte inmediatista y pragmático, individualista y animada de un sórdido hedonismo que subordina el interés público al privado, con el resultado de una sociedad excluyente y hostil para las grandes mayorías nacionales.

La corrupción avanza a pasos agigantados en el terreno fértil de la desideologización y el individualismo de corto plazo, siendo el futuro algo siempre lejano y ajeno, como lo son las causas sociales y los retos de afrontar las amenazas del sistema. Parece como que la voluntad política de una mayoría apática y acomodaticia estuviera por renunciar a sus derechos ciudadanos se declarara partidaria del voto útil hacia quien tiene el poder y representa el polo explotador de la sociedad. El síndrome de Estocolmo en su versión nopalera.

Muchos dirán que para qué luchar si de todos modos el sistema hará lo que le plazca, que es el gobierno y contra él nada se puede, que para qué desgastarse en luchas cuesta arriba, entre otros “argumentos” producto de una mentalidad domesticada. Nosotros decimos que una lucha está perdida cuando se abandona. Debemos entender que la utopía se alcanza sólo perseverando en un proyecto entendido como de largo plazo, porque si se quiere aquí y ahora el movimiento se desacredita y acaba en decepción y en inmovilidad social y política. El agua no hierve a menos de 100 grados centígrados en condiciones normales.

En el caso particular del grave problema de la seguridad social en Sonora, como en el resto del país, se tienen constancia de una política gubernamental privatizante que parte del supuesto de que es mejor la administración de los recursos pensionarios por parte de los agentes privados antes que el propio gobierno, porque ellos “garantizan mejores rendimientos, menos burocracia y transparencia”. En el mundo real está documentado en experiencias internacionales que nada de esto sucede de acuerdo con la receta neoliberal en boga. Así pues, el enorme caudal de recursos frescos que ingresa a las arcas de los agentes privados administradores de ahorros pensionarios no garantizan nada sino pérdidas cíclicas llamadas eufemísticamente “minusvalías”, dependiendo del comportamiento de la bolsa de valores, con lo que tenemos más de tres  billones de pesos gratuitamente entregados a las administradoras privadas para que especulen con ellos, generen ganancias para ellos y sólo entreguen pensiones del 30 por ciento de su salario al trabajador. Las empresas administradoras, sin embargo, advierten que debe aumentarse la participación de los trabajadores mediante un mayor ahorro “voluntario” para dar viabilidad al sistema y poder alcanzar mejores pensiones. La fórmula ideal es aportar más durante más tiempo.   

Curiosamente, los sistemas de seguridad social estatales presentan condiciones de deterioro y riesgo de quiebra debido a que los fondos se vuelven insuficientes para cumplir con el pago de los servicios y prestaciones a su cargo, a pesar de que los trabajadores siguen puntualmente cotizando. Entre las causas están los costos de las pensiones en relación con el tiempo y monto de las cuotas aportadas y, desde luego, los desvíos milmillonarios de que son presa desde el propio gobierno estatal. Entonces, tenemos que los trabajadores “deben aportar más y durante más tiempo”.

Mientras que los presupuestos estatales y federales para la educación superior disminuyen en términos reales, los sistemas pensionarios pugnan por aumentar tiempo y cuotas, con lo que se reducen las posibilidades de un sueldo remunerador. La clase trabajadora en general y los universitarios en particular sufren los errores de la política económica nacional y de la reducción de las responsabilidades del Estado que transfiere o comparte con el sector privado, ahora mayormente trasnacional.

Las anteriores consideraciones pintan las coordenadas de las luchas sociales y el contexto en el que se dan las acciones de resistencia y oposición al modelo neoliberal y los perversos impactos de sus políticas, entre los que destacan la grosera impunidad de los defraudadores, de los saqueadores de los recursos de la seguridad social estatal. Sonora es un ejemplo de robo impune de los ahorros de los trabajadores y lo es también de la presión y el hostigamiento contra los trabajadores a fin de que acepten condiciones que son de suyo indignantes.

Tal es el contexto y el carácter de la lucha de los sindicalistas universitarios en defensa de la seguridad social; es una lucha dispareja, llena de obstáculos algunos de ellos puestos por los propios trabajadores afectados que han cedido por enajenación a los impulsos de un sistema corrupto y castrante. El inmediatismo individualista es un cáncer que corroe las entrañas de las organizaciones sindicales, y es evidente factor de fracaso de los intentos reivindicatorios de derechos y conquistas laborales y sociales. Contra ello, la medicina efectiva es la toma de conciencia y de compromiso para con la organización y los intereses de clase. La unidad es esencial para la lucha de los trabajadores.

Confiamos en que las presiones recaudatorias espurias del ISSSTESON no prosperen, y que la clase trabajadora sonorense pueda decir a las generaciones futuras que cumplió con su deber.

domingo, 4 de febrero de 2018

La unidad sindical frente al ISSSTESON

                                                  “No hay más cera que la que arde” (conseja popular).

Iniciamos el año con una grave situación de inarmonía entre el ISSSTESON y los organismos afiliados entre los que hemos de destacar la Universidad de Sonora (UNISON), respecto al punto de un nuevo convenio que el Instituto exige se firme para estar “armonizado” con la reforma a la Ley 38. La UNISON en su momento rechazó la posibilidad de una firma en tanto no aumentara proporcionalmente el monto del subsidio, ya que, de aceptar sin más las condiciones del convenio, sus funciones sustantivas y operación en general se verían seriamente afectadas y reducidas a la mínima potencia. Dicho en otras palabras, entraría en una situación de semi-parálisis al reducir sus planes de expansión de la oferta educativa y los servicios que proporciona a sus estudiantes y comunidad en general.

La importancia económica, cultural social de las funciones universitarias no puede estar en duda, y los apoyos que recibe y recibirá el Alma Mater tendrán que ser abonados a la cuenta del progreso sonorense y de la región, dada su presencia y relevancia comprobada a lo largo de su historia; sin embargo, el gobierno ha sido omiso en su obligación de velar por el impulso a la cultura y la educación superior al regatear los recursos que se requieren y que puede exigir por ley. La verdad es que no se cuenta con un subsidio que ofrezca posibilidades plenas de progreso institucional de acuerdo con las necesidades locales y regionales a satisfacer.

Pero si el fantasma de un rezago en el cumplimiento de las altas funciones universitarias es temible, ahora tenemos una nueva fuente de zozobra institucional: el recrudecimiento de las presiones y amenazas del ISSSTESON de suspender los servicios y el establecimiento de plazos para la firma del convenio, según consta en documentos y notas periodísticas difundidas por diversos canales informativos.

En el momento actual, la atmósfera sindical está cargada de malos presagios, porque tanto cunde la desinformación como la desesperación entre sus agremiados. En los distintos actos que marca el Estatuto sindical, como son las asambleas generales, el Congreso General Resolutivo, reuniones del Consejo General de Delegados, así como en las reuniones delegacionales del STAUS y las correspondientes del STEUS, se ha expuesto el problema del ISSSTESON y su exigencia de que la Institución universitaria firme el nuevo convenio a contrapelo de la realidad económica institucional. Los universitarios se han pronunciado por el rechazo a dicha imposición y han cuestionado la legalidad de las amenazas de una suspensión unilateral de los efectos del contrato vigente de prestación de servicios, así como la absurda pretensión de aplicar de manera retroactiva los incrementos fijados en la reforma de 2005 a la Ley 38.

En la actualidad existen un número considerable de demandas por nivelación pensionaria contra el gobierno del Estado, el ISSSTESON y quien resulte responsable, mismas que inicialmente se ganaban por los trabajadores afectados y que ahora, por línea directa del gobierno, duermen el sueño de los justos. La justicia en Sonora ha reprobado asignaturas tan elementales como el respeto a los derechos de los trabajadores, a la obligación de garantizar y proporcionar servicios de salud y seguridad social a través del ISSSTESON a sus afiliados. La respuesta a todo reclamo es la misma: no hay recursos.

Sin embargo, ha habido recursos para las campañas políticas, para el gusto y jolgorio de algunos de los que han ocupado las posiciones más elevadas de la estructura política estatal, y los actos de corrupción institucional han tenido tanto la justificación demagógica como la cobertura legal al implementar convenios como el que se comenta, como acelerar por otros medios el deterioro de la seguridad social mediante la entrega de ciertos servicios a la iniciativa privada. Actualmente no son extrañas las subrogaciones, en un contexto local y nacional donde la entrega del patrimonio público se convierte en  norma y los costos de los servicios "deben" correr por cuenta del ciudadano.

En el ISSSTESON existe un quebranto patrimonial de 6 mil 41 millones de pesos y ahora el nuevo director, Pedro Ángel Contreras López, señala que la misión encomendada por la gobernadora es la de “darle viabilidad financiera” al ISSSTESON. Las formas han cambiado, pero la solución es la misma: cargar sobre las espaldas de los trabajadores la recuperación del desfondo pensionario. Al reclamo de que antes de hablar de un nuevo convenio primero se deben recuperar los recursos robados, el director Contreras contesta que no puede decir a la gobernadora que le inyecte recursos al Instituto, porque entonces ¿para qué lo puso ahí?

Queda claro que lo que no hagan los trabajadores no lo hará el propio funcionario responsable (sic) de poner en orden las finanzas del ISSSTESON porque, según se ha dicho, no puede ni exigir a Hacienda que entregue los fondos que dejó de reportar en su momento, ni solicitar a la gobernadora que gestione el rescate de una institución que es de todos los sonorenses. La incapacidad de quien está formado en los estrechos moldes de una burocracia presa de enanismo tecnocrático es tan lamentable que casi se puede decir que estábamos mejor antes, cuando la leperada y la demagogia al menos trataban de endulzar las amarguras de los derechohabientes con actitudes más parecidas a un trato humano. Ahora el diálogo queda reducido a la declaración “técnica”, a la ruda respuesta a cualquier réplica del funcionario que se refugia en una misión entendida, quizá, como liquidadora de expectativas de un verdadero diálogo que genere propuestas de solución y consenso.

Ahora más que nunca la unidad de los trabajadores afectados y la solidaridad social son fundamentales para que nuestra Universidad pueda resistir los embates de un modelo privatizante que pude afectar seriamente la vida institucional y el marco de derecho y justicia social que los sonorenses requieren para recuperar la confianza en la viabilidad de las instituciones locales y nacionales.


La gobernadora no sólo debe escuchar los justos reclamos de los trabajadores sino actuar en consecuencia por la naturaleza de su mandato constitucional y emplear las relaciones políticas que ha logrado en su trayectoria personal en beneficio de Sonora. Si no es ahora, ¿cuándo?

domingo, 21 de enero de 2018

Las cuentas que cuentan

“La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes” (Martin Luther King, Jr).

Como usted sabe, el instituto encargado de la seguridad social en Sonora (ISSSTESON) cuenta con un boquete en sus fondos pensionarios que no se debe a que son muchos los pensionados y que no han contribuido lo suficiente, sino a que desde el gobierno se emprendió un saqueo sistemático que al término del sexenio de Padrés alcanzó cinco mil millones de pesos aunque la cifra puede ser más alta, lo que es irrelevante ante la importancia de la acción y los medios que se emplearon para logarla y el destino del dinero.

El 2005, con la reforma a la Ley 38, el tiempo de cotización y los montos a pagar por parte de los organismos afiliados y sus trabajadores aumentaron sin que hubiera una razón suficiente y necesaria salvo la de garantizar el dispendio oficial y el encarecimiento de los servicios de salud y el acceso a prestaciones que siendo de justicia laboral y social el Estado debe garantizar. La reforma boursista tuvo un claro interés recaudatorio sin dar a cambio ni mejores servicios ni mayores prestaciones, por lo que se puede considerar en términos netos como una reforma regresiva que relativizó el ejercicio de los derechos de los trabajadores e indujo a aceptar como fatalidad su disminución a la par que la necesidad de emplear cada vez más los servicios privados en salud, farmacia, radiología, hemodiálisis, entre otros. El interés evidente fue el de hacer ingresar más dinero, así como hacer avanzar solapadamente un modelo de asistencia social privada al disminuir la responsabilidad del Estado por la vía de las subrogaciones.

Una consecuencia clara de la reforma fue la de plantear la actualización de los contratos de prestación de servicios entre los organismos afiliados y el ISSSTESON. En este tenor, el Instituto se ha valido de mecanismos de presión tanto ilegales como ilegítimos para forzar la firma de los nuevos convenios que modifiquen las condiciones de acceso y cobertura de los servicios y se ajusten a los fines recaudatorios emanados de la reforma y exigidos por el propio Instituto. La presión ha alcanzado el absurdo de amenazar con la suspensión unilateral de los efectos del contrato vigente si en un plazo perentorio no se firma el nuevo convenio, en una acción de evidente ilegalidad que constituye un atropello a los derechos de los trabajadores afiliados y una afrenta a la sociedad sonorense.

El problema que se plantea es simple: los trabajadores y los organismos afiliados aportan un porcentaje de su sueldo que les es descontado cada día de pago, de manera que el dinero recaudado ingresa al fondo que administra el ISSSTESON mes tras mes y año tras año durante la vida útil de cada generación de derechohabientes, sin embargo, el Instituto exhibe un hueco financiero producto del manejo fraudulento de sus fondos y opta por cargar contra sus afiliados, exigiendo el pago de cuotas más altas; sin embargo, pese a que se denunció públicamente el saqueo de los recursos que son propiedad de los trabajadores, aún no existe un proceso serio de recuperación del faltante y, en consecuencia, los delincuentes gozan de impunidad en el aspecto político y patrimonial.

La anterior situación ha llevado a los organismos afiliados a eventualmente ceder al capricho del ISSSTESON, mediante el acatamiento de exigencias de dudosa calidad moral y legal emanadas de su Junta Directiva. Así, el temor inducido de perder los servicios termina provocando la renuncia de derechos a cambio de soluciones falsas guiadas por las apariencias de conveniencia y las decisiones no informadas, sin excluir la colusión de funcionarios en busca de beneficios personales.

A estas alturas es claro que el actual gobierno no entiende la trascendencia de mantener vigente el derecho de los trabajadores que ha llegado a la amenaza de la suspensión de servicios a quienes no firmen el nuevo convenio, fijando plazos que finalmente son dejados sin efecto o prorrogados, lo que genera incertidumbre y temor entre los organismos afectados. Tales medidas intimidatorias revelan una profunda falta de respeto por parte de las autoridades y una ausencia preocupante de legalidad. Si existe un contrato vigente, el ISSSTESON carece de derecho para suspenderlo de manera unilateral.

La prueba más palpable de la incomprensión o el valemadrismo oficial es el reciente cambio de titular del ISSSTESON, Enrique Claussen Iberri, que pasó a titular de la Secretaría de Salud, siendo relevado por Pedro Ángel Contreras López. Ninguno de los dos es de profesión médica y ahora, tanto la Secretaría de Salud como el propio Instituto están encabezados por un contador público y un especialista en finanzas, respectivamente. El chiste se cuenta solo.

En serio, ¿usted cree que los problemas de la seguridad social se resuelven con recetas neoliberales de cuenta chiles en vez de que el Estado reasuma sus responsabilidades sociales y utilice adecuadamente los impuestos que pagamos? ¿Acaso no es más lógico emplear la seguridad social como un mecanismo de redistribución del ingreso? ¿No se entiende que el ISSSTESON e instituciones similares son importantes para la calidad de vida de la población a través de los servicios que proporcionan? ¿Dónde quedó la dimensión social y política de la gestión pública?

Estamos en vísperas de las campañas electorales, los discursos políticos, las promesas y el gasto enorme que supone la organización, promoción y desarrollo de los comicios. Tenemos una especie de democracia costosa y dudosa, que absorbe recursos que bien pudieran emplearse para resolver problemas reales en poblaciones reales. No hay duda de que la seguridad social es uno de ellos y que su solución requiere de la mayor atención por ser fundamental para la salud y bienestar de los trabajadores y sus familias.

El gobierno de Sonora debe entender esto, y entenderlo bien y rápido, de otra manera los costos políticos de la torpeza y frivolidad administrativa se tendrán que pagar en las urnas electorales y, esas, son las cuentas que cuentan. Al tiempo.  

domingo, 14 de enero de 2018

Y usted ¿ya se enfermó?

“La salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida” (Bernard de Fontenelle).

Estamos en temporada de enfermedades de vías respiratorias y se pone de nuevo en el tapete de las medidas preventivas las famosas vacunas contra la influenza y demás cachivaches farmacológicos, lo que resulta un jugoso negocio para las empresas que los comercializan y promueven a costa de sufrir la vergüenza de poner por delante las ganancias antes que la salud. “¡Es el mercado!” dirán algunos, pero las narices rojas, los ojos llorosos y el malestar general siguen viento en popa, más los posibles desperfectos en otras regiones de nuestra anatomía con los consabidos impactos en la salud pública.

No es raro que llegue el enfermo al centro de salud y le digan que chupó faros porque el medicamento indicado no se encuentra disponible, o que salió del cuadro básico y su esquema de seguridad social no lo cubre, así que debe emprender una gira por los anchurosos cauces de la medicina privada y la farmacia que los ofrece a precios de “o aflojas o te jodes”. Ni duda que la demanda es inelástica en ciertos productos o servicios, es decir, que independientemente del precio o tarifa siguen siendo comprados porque no hay de otra, como es el caso de medicinas, combustibles, educación, alimentos, transporte, entre otros.

En estos casos, uno se pregunta ¿qué hay de la cobertura social que el gobierno debe atender y a la cual está obligado por obra de acuerdos internacionales, programas de gobierno y el pago puntual de impuestos por parte de la ciudadanía que trabaja y sufre descuentos en nómina, que paga ISR, seguros colectivos, servicios médicos; o, simplemente, predial, servicios, derechos y aprovechamientos y todo el universo de gravámenes que caen sobre los lomos del precariado laboral que sobrevive como ciudadano?

En este escenario, salta la liebre del empleo e ingreso, frente a los costos de la supervivencia ciudadana. ¿Somos un país que fomenta el empleo decente y la justa remuneración al trabajo?, ¿tenemos un gobierno que protege el esfuerzo productivo nacional y cuida la economía familiar?, ¿hay la cobertura necesaria en salud, educación y cultura?, ¿los servicios de seguridad social responden a las necesidades de sus usuarios y obran un efecto redistributivo en la sociedad?, ¿se protege la salud pública mediante programas de medicina preventiva y existen los recursos para satisfacer la demanda de personal, equipo, materiales de curación y medicamentos en clínicas, hospitales y centros de asistencia? ¿México es productor de medicamentos e impulsa la investigación farmacológica y epidemiológica, entre otras? ¿Nuestras escuelas de medicina y enfermería, tienen un enfoque social o son productoras de mentalidades ligadas al mercado?

Recuerdo hace años que se desplegó la alarma general por la gripe H1N1 (gripe porcina), lo que produjo pingues ganancias al laboratorio fabricante de Tamiflu, ligado al entonces vicepresidente de los EE. UU., Dick Cheney. Las autoridades de salud decretaron el uso extensivo e intensivo de dicho medicamento y fue común ver colas de atemorizados ciudadanos que iban a recibir la vacuna contra ese bicho de peligrosidad oficial incuestionable. Otros productos que fueron altamente demandados son los cubrebocas y el gel antibacteriano. ¡Negocio redondo! ¿Beneficios para la salud de los pacientes cautivos e hipocondriacos por inducción? Ninguno que esté debidamente documentado.

En épocas en las que el mercado se pone por encima de los objetivos sociales que cualquier gobierno debiera tener y que justifican la acción pública, no faltan quienes especulan sobre la esperanza de vida de la población con fines de mercadotecnia y, por qué no, recaudatorio.

Lo mismo le dicen a usted que necesita comprar un seguro de vida como integrar un fideicomiso para “la educación de sus hijos”, con lo que reducen la visibilidad de la salud y la educación pública, en beneficio de los agentes privados; y otro reclamo que se oye con mayor frecuencia es el del ahorro.    

Gracias al arrebato privatizador del supremo gobierno, los fondos pensionarios pasaron a ser administrados por tiburones trasnacionales que funcionan como bancos o agencias especializadas en esquilmar pensiones. Tenemos las Afores y una serie de intentonas de quebrar los sistemas de seguridad social de los estados, por la vía del saqueo, el abandono del gobierno y la ineficiencia que se induce al desalentar el trabajo profesional de sus servidores, a lo que se agrega la privatización o subrogación de servicios como farmacia, tomografías, hemodiálisis, medicina especializada, pasando por aseo, cocina, ambulancias y seguridad, entre otros.

Así pues, tenemos que los intentos de tronar al ISSSTESON y elevar las cuotas y los tiempos de cotización para el acceso a la seguridad social en Sonora, embarrados en la reforma a la Ley 38 en tiempos de Eduardo Bours, tienen como finalidad enfocar los servicios esenciales de protección al ciudadano trabajador y sus familias al tortuoso ámbito del mercado.

Como es del dominio público, el ISSSTESON ha emprendido una campaña de terror entre los organismos afiliados y sus trabajadores con amenazas de suspensión de los servicios de salud y de pensiones si no se firma un convenio donde las cuotas suben mientras lo demás permanece como está, es decir, con cuadros básicos reducidos, atención diferida para cuando se les antoja, subrogaciones que sólo funcionan con dinero de por medio y, en fin, un panorama de privatización solapada, vergonzante e indignante. La salud, según esta concepción, es un negocio. Nosotros decimos que es un derecho.  

Es claro que se trata de una agresión a los principios de solidaridad y subsidiariedad que deben existir entre los trabajadores y sus organizaciones y el Estado en su vertiente social, dentro de la cual se supone está el ISSSTESON. Pero si el pacto social se rompe, entonces sólo queda a los trabajadores la resistencia y la oposición enérgica a lo que es una clara violación a sus derechos laborales y sociales, y la exigencia legal y política de su cumplimiento.

La Universidad de Sonora y las otras instituciones afectadas están obligadas a unir sus fuerzas y decir NO a la arbitrariedad y al abuso. El gobierno del Estado, por su parte, debe cumplir con sus obligaciones constitucionales y estar al servicio del bienestar ciudadano. La ciudadanía tiene que alzar la voz y actuar en legítima defensa.


lunes, 8 de enero de 2018

Trabajo y seguridad social

“Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace?” (John Maynard Keynes).

Tenemos la idea de que el trabajo es la condición esencial para tener un ingreso monetario y, por tanto, existencia económica debido a nuestras interacciones en el mercado. Se asocia de manera automática e indiscutible a la remuneración por el tiempo de trabajo invertido en un entorno específico, sujeto a normas y procedimientos que, finalmente, también están determinados por el mercado y, no tanto, por las necesidades humanas. Así pues, la lógica de la oferta y la demanda chupa nuestras energías mentales, emocionales y físicas, en una cadena continua de eventos que van desde la inserción al entorno laboral hasta el fin de la vida productiva.

En este contexto, el hombre nace predestinado a trabajar para vivir, es decir, a depender de factores externos de índole económica para resolver sus necesidades materiales y no tanto para desarrollarse como persona; esto es, que en el plano emocional, social y político tenemos un déficit de atención que nos hace adolescentes crónicos echados a puntapiés en el camino en construcción de lo humano.

Lo anterior da cuenta de un grado de enajenación que convierte en paria al trabajador, bajo la férula de un patrón y de un sistema que decide el bien y el mal para su empleado. Este sistema de exclusión, de privación de derechos laborales y sociales que, en resumidas cuentas, lo es de derechos humanos, conforma e impone una mentalidad siempre subordinada, siempre expectante de las decisiones externas que considera de obligado acatamiento. Así, los derechos de los trabajadores son percibidos como una graciosa concesión del capital y la empresa el vínculo más eficiente de éstos con la realidad social que es interpretada de acuerdo con la lógica del mercado.

En este contexto, el trabajo se convierte en una obligación vital en términos de la supervivencia en una sociedad ajena y hostil, solamente vivible mediante la posesión de medios de producción de mercancías, dinero para adquirir bienes y un conjunto de normas jurídicas que ponen muy en claro la frontera entre lo propio y lo ajeno, con exclusión discreta o evidente del desarrollo de lo humano. Lo anterior es claro si consideramos que la naturaleza de las reformas laborales de nueva generación ha subrayado el peso del Mercado sobre el Estado y, consecuentemente, la preeminencia del capital sobre el trabajo.

Recientemente se ha ventilado la posibilidad de un aumento en el salario mínimo, incluso por parte de organismos patronales; pero al mismo tiempo los empresarios aplauden sin recato las reformas legales que hacen posible el despido de los trabajadores sin responsabilidad para ellos, así como mayores facilidades para contratar sin la obligación de reconocer antigüedades ni derechos adquiridos, además de las generosas devoluciones de impuestos con que son premiadas las empresas por cumplir con lo que legalmente es su obligación. Vemos, pues, que mientras los salarios y los derechos laborales van a la baja, los precios de los bienes de consumo popular suben, al igual que las tarifas de los servicios, lo cual hace posible que cada aumento anunciado se nulifique casi de inmediato en una carrera donde el que pierde es el trabajador.

Tenemos un trabajo devaluado frente a un mercado cada vez más exigente, lo que da por resultado un sistema de exclusión económica y social que afecta enormemente los valores de una sociedad que se dice democrática: la esclavitud salarial es una condena de por vida que sufre el productor directo que ve reducidas sus expectativas de bienestar y progreso. Consecuentemente, el aparente ahorro de las empresas por concepto de remuneraciones al factor trabajo se convierte en un decremento de la demanda de los bienes y servicios que el sistema produce, con lo que la oferta tiene, por necesidad, que reducirse con graves consecuencias para los costos de operación de las unidades productivas y finalmente para su supervivencia. El tejido social se rompe y tenemos cuadros de violencia e inseguridad pública que ameritan la revisión del modelo y rectificar la política laboral y salarial, tanto como la seguridad social como mecanismo de redistribución del ingreso y, por consecuencia, de estabilidad social. Llegados a este punto, debemos pensar seriamente en que la fortaleza de la seguridad social depende de la calidad y la cantidad del empleo, tanto como su defensa por parte de las organizaciones de los trabajadores. 

Si tenemos empleo precario e ingreso por debajo de la línea de pobreza en un alto porcentaje de la población nacional, ¿cómo se puede pensar que los sistemas de seguridad social puedan ser sostenibles? ¿Cómo es posible que el gobierno pretenda hacer caer sobre las espaldas de los trabajadores el peso de la corrupción y pésima administración de la seguridad social? ¿Podrá, un gobierno responsable, pensar que la inconformidad social se resuelve con leyes que autoricen el uso de la fuerza armada, o que silencien a los críticos del sistema y sus representantes? Desde luego que no.

En la actualidad, las organizaciones representativas de la clase trabajadora son el enemigo que vencer del sistema a la par que son, paradójicamente, su mayor sustento. Lo anterior se debe a que los sindicatos son el frente de defensa de los derechos colectivos, pero al mismo tiempo la maquinaria más eficiente de manipulación y mediatización de la voluntad de los trabajadores. En ese sentido, el peso legal y político de sus demandas depende, para efectos prácticos, de la acción o inacción de las organizaciones por cuanto que éstas pueden hacer visible un problema que puede resolverse, o no, en plazos menores que si fuesen abordados por cada uno de los afectados.

En Sonora, ante las reiteradas amenazas de suspensión de los servicios de seguridad social del ISSSTESON, en un acto de absurda violación de la legalidad que tanto se proclama por el actual gobierno de Sonora, los sindicalistas universitarios se han pronunciado por un rotundo no a la exigencia de que la Universidad de Sonora firme un convenio abusivo y desproporcionado. Cabe recordar una vez más que existe un contrato firmado con ISSSTESON en plena vigencia y cualquiera sabe que mientras que una de las partes interesadas no acceda a modificar los términos del contrato, éste sigue normando la prestación de los servicios contratados.

La directiva del ISSSTESON puede incurrir en un gravísimo error no sólo legal sino político al desconocer unilateralmente sus obligaciones y ser, por tanto, objeto de demandas por incumplimiento de contrato y lo que resulte en perjuicio de los trabajadores derechohabientes. Como hemos señalado en otras ocasiones, la organización de los trabajadores y su defensa de los derechos colectivos, laborales y sociales es fundamental.


De última hora: el propio lunes 8 del presente, fecha en la que los sindicatos universitarios realizaban una rueda de prensa sobre el problema en comento, el director del ISSSTESON, Enrique Claussen, comunicó que dejaba sin efectos la suspensión de los servicios y planteaba una próxima reunión para buscar alguna forma de acuerdo entre las partes. Le decimos al señor Claussen que la mejor forma de llegar a acuerdos es cumplir con la ley y dejarse de amenazas, fintas y manipulaciones. Más seriedad.

martes, 2 de enero de 2018

El compañero jubilado

                            “Lo llamamos justicia... pero su nombre es amor” (León Felipe). 

Mientras el tiempo pasa, se cultivan amistades, afectos y distanciamientos que pueden ser temporales o definitivos. En esta categorización, ¿cuál es el lugar del compañero que se jubila? Tras una larga carrera en una profesión y en un lugar compartido con muchos, ¿dónde quedan las vivencias comunes, los espacios logrados, los obstáculos vencidos, las fronteras traspasadas y el lazo que une, o puede unir, a varias generaciones de quienes cultivan la misma profesión, arte u oficio? ¿Son sólo de los que se quedan y descontados de la vida de quienes se van?

Quienes se retiran jubilados por antigüedad o por circunstancias personales que aplican para pensión, ¿siguen siendo lo que son, en los términos de una trayectoria vital que siempre es paralela a la de otros, en el mismo tiempo y espacio?, ¿o son, por ese sólo hecho, excluidos de toda consideración y memoria?

Lo anterior viene al caso porque es frecuente que a quienes se jubilan se les vea como seres de segunda, que ya llegaron a su fecha de caducidad humana, social y política, e incluso se les prive del beneficio de reconocer su trayectoria, talento, experiencias que pueden ser de tanta utilidad como lo eran un día antes de su retiro laboral. ¿Cómo de un día para otro cambia la percepción de quienes fueron compañeros de trabajo, o alumnos? Pareciera ser un proceso acelerado de devaluación de la persona y, por tanto, una descalificación súbita que retira capacidades profesionales y potencialidades de logro.

¿Acaso ocurre una especie de muerte cívica? ¿Se dan cambios cualitativos y cuantitativos que muchas veces sólo son percibidos por los demás? ¿La exclusión que resulta es una forma de defensa del territorio antes compartido? ¿La jubilación ya no es una conquista laboral y social sino una condena por el crimen de ejercer un derecho esencial de quienes trabajan?

En la medida en que el sistema económico, con la trivialización de la vida que lo caracteriza, avanza y se revela como una ideología de lo desechable que se materializa en la política económica y social, las prioridades del discurso político cambian como cambia también la idea del otro; nuestra concepción de la vida y el aceleramiento de la muerte social de quienes “ya cumplieron” con su cuota de plusvalor en beneficio de la empresa pública o privada que contribuyeron a hacer funcionar, se convierte en una especie de imperativo categórico que apenas disimula su vertiente genocida. La aniquilación generacional complementa y define la del trabajador precarizado, la insolvencia crónica y las expectativas de bienestar canceladas o, simplemente, disminuidas o ignoradas. El sueldo o el salario no es un derecho, contraprestación o pago, pues en esta lógica es un favor, una dádiva generosa que no acaba de ser merecida y que, por tanto, puede ser regateada, condicionada o disminuida.

El pragmatismo del mercado y su ética excluyente convierten a la persona en cosa y sus capacidades en mercancía, por la misma razón que las remuneraciones al trabajo se ven como costos que hay que disminuir. Tenemos, entonces, sociedades donde los productos esenciales de consumo personal aumentan sus precios mientras que los sueldos permanecen por debajo de la línea de pobreza, con incrementos que resultan una simulación. El trabajo tiene remuneraciones de infra subsistencia y sus productos quedan fuera del alcance del trabajador, por lo que no debe resultar sorprendente que aumenten las tasas de disfuncionalidad familiar, divorcios, delincuencia e inseguridad.

Si los salarios son bajos y las empresas procuran gastar menos en ellos, la seguridad social termina siendo una cuestión meramente simbólica o una forma más de aprovechar la debilidad de la clase trabajadora en beneficio de las empresas tanto de salud, vivienda, educación como de pensiones. Así pues, se tiene por un lado empleo precario y mal remunerado y, por el otro, agentes privados en pos de los ahorros de los trabajadores.

Pero, si la situación es complicada para los trabajadores en activo, los jubilados suelen tener un doble problema: por un lado, los costos de la vida aumentan en la medida en que se llegan a requerir mayores atenciones en salud, pero independientemente de lo económico, se suma la devaluación de la persona por parte de sus antiguos compañeros. Así pues, el jubilado padece la crisis del sistema y el deterioro de la consideración social por la influencia de una ideología individualista y pragmática que deshumaniza las relaciones y afecta seriamente el tejido social.

Cabe señalar que el jubilado, por razones naturales, deja de ser competencia para los activos, pero al mismo tiempo supone un apoyo en términos de experiencia que bien puede ser aprovechado en el plano personal o en el organizacional. Esta posibilidad es tan real que, por ejemplo, en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) se tuvo la visión de incorporar a los jubilados en una delegación dentro de su estructura, con lo que se suma a otras organizaciones de alcance local y nacional que valoran la trayectoria de sus miembros y tienen clara la importancia del aporte intergeneracional en su fortaleza y consolidación.

En las urgentes tareas de reparación del tejido social y de rehumanización de las relaciones entre pares, la solidaridad es un concepto clave en la identidad y los propósitos sindicales, de cara a las complejidades de los retos que presenta el sistema anclado en la ideología neoliberal contra los trabajadores.


En consecuencia, los trabajadores activos y retirados deben replantear sus luchas considerando que la temporalidad de la vida laboral debe situarse en el marco de los derechos colectivos adquiridos mediante la lucha de generaciones sucesivas de trabajadores, razón y esencia de la organización sindical. En tal sentido, el sindicalismo no sólo ve hacia el presente, sino que debe considerar el pasado y el futuro como una construcción colectiva intergeneracional, guiada por el propósito de defender los intereses de clase de los trabajadores, y el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y de vida, lo cual pone en el centro de la atención la seguridad social como un derecho irrenunciable.