Conspiración en Pémex

notas sueltas

Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: dalmx@yahoo.com

domingo, 20 de mayo de 2018

Las campañas



“No puedes llamarles gilipollas, son votantes” (Louane Emera, en La familia Bélier).

Estamos acostumbrados, sentimos que son parte de nuestra existencia y determinan los eventos de la vida cotidiana, los temas de conversación, los medios y las formas de comunicación social, personal, afectivo, familiar… Son infaltables y sacan de apuros cuando no hay tema, cuando la flojera de pensar en dialogar nos lleva al lugar común, al tema facilón, a la nausea de la trivialidad convertida en costumbre social. Las campañas políticas nos llenan de mensajes e informan sobre vidas, obras y milagros sin que necesariamente se deban o puedan comprobar las buenas nuevas, los motivos de asombro y admiración, los motivos de apoyo o de defensa del paladín en turno; el sistema corta a todos con la misma tijera y el modelo que se recicla siempre tiende a ser predecible, simulador y vacuo. Nos aburrimos colectivamente, pero también establecemos diferencias y preferencias, filias y fobias, apoyos y rechazos.

La repetición de los mensajes y la falta de imaginación, pertinencia y propuesta llenan los espacios mediáticos y las neuronas sufren los efectos soporíferos de la propaganda y la agresión de los argumentos y denuncias que hacen de la política un simple lavadero público, espacio vergonzoso donde la ignorancia, la mentira y el desprecio a la opinión pública reinan soberanos y se yerguen invencibles.

Por otra parte, la guerra de encuestas permite suponer que los instrumentos estadísticos en su elemental simplicidad pueden ser tan falsos como el más torcido de los discursos. La manipulación mediática basada en instrumentos sesgados da cuenta de la prostitución cuantitativa de que son capaces los políticos y los equipos a su servicio, en apoyo a la construcción de una imagen que sólo tiene vida y sustento en el papel, la película o el cartel publicitario, de credibilidad más escasa que la de las bondades de las reformas estructurales o la certeza de un futuro ligado a las transnacionales. En resumen, la mentira recreada en diversas formas y lugares crea al candidato, le da vida e historia, lo hace héroe sin batallas, paladín de causas ficticias y agorero de un país sin recursos como si la nada fuera logro y el fracaso probado un ejercicio de eficiencia exitoso y redituable.

La burla a la inteligencia del ciudadano tiene un punto culminante cuando los candidatos de los partidos emblemáticos del sistema señalan problemas y proponen soluciones que bien pudieron aplicar cuando estaban en el puesto de gobierno o en el cargo de elección. El que fue funcionario público, de partido o legislador ahora descubre el hilo negro y el agua tibia y señala airado las deficiencias, desviaciones y corruptelas del sistema al que pertenece, que antes no vio o no le importaron y puesto a defender sus propuestas novedosas y transformadoras, sus iniciativas de ley y sus acciones en las colonias y barrios al calor de la campaña, vocifera contra sus oponentes.

¿En serio pensarán que el ciudadano es idiota de nacimiento o un ser tan corruptible que su destino es hacer de palero o sicario electoral del sistema que lo nulifica y degrada? Lo deseable es que no lo sea, pero las cosas no funcionan en los parámetros del “deber ser” sino del “ser”, pero tan es así que basta una tarjeta precargada, una despensa, un poco de material para construcción, o una oferta, para que la credencial sea fotocopiada y se establezca un compromiso de voto.

La voluntad adormecida hace el milagro de que cualquier campaña negra pueda funcionar o al menos ser difundida en las redes sociales con visos de convicción de quien comparte. El trasiego de basura informativa y de desorientación y embrutecimiento popular va viento en popa en tanto no haya un chispazo de conciencia, una respuesta inteligente e informada o un vacío razonado de quien se niegue a envilecer aun más el oscuro y deprimente panorama electoral mexicano. La desconfianza en el Instituto Nacional Electoral se refrenda por el hecho de que el sistema de información de resultados electorales quedó en manos de empresarios privados ligados al sistema que se niega a morir y que une sus fuerzas para impedir que llegue la oposición representada por Morena y López Obrador. La modorra ciudadana bien puede desaparecer ante el estímulo de un fraude monumental que, de realizarse, pondría a trabajar en defensa de su propia integridad a una ciudadanía agraviada pero apática. El tigre aún puede despertar.

En el marco de las campañas los llamados debates son un circo alimentado por la morbosidad e ignorancia de quienes compran el boleto de entrada a una pelea en el lodo. Desde la comodidad de su hogar y plácidamente pertrechado de bebidas alcohólicas, botanitas y almohadones, el ciudadano puede gozar de las típicas fintas de la lucha de máscara contra cabellera, en un formato rígido, manipulable, aburrido y tendencioso a voluntad de sus productores y “moderadores”. La pornografía política goza de cabal salud mientras que la conciencia ciudadana recibe golpes bajos y la democracia patadas en el trasero. Tiempo de madurar. Tiempo de cambios en serio.

domingo, 13 de mayo de 2018

Al borde del festejo


“Un maestro afecta la eternidad; solo él puede decir donde para su influencia” (Henry Adams).

Los aires primaverales nos llenan de entusiasmo festivo ya que tenemos varios hitos en el calendario de jolgorios reconocidos y aceptados en el mes de mayo, entre los que destacan el día del trabajo (1), la batalla de Puebla (5), el de la madre (10), el maestro (15), el psicólogo (20), el estudiante (23) y el contador (25). Por hoy me referiré al día del maestro celebrable el martes 15.

En nuestro país el festejo se debe a Venustiano Carranza, quien a iniciativa de los diputados Benito Ramírez y Enrique Viesca decretó la conmemoración en 1917 y que, a partir de 1918, se celebra en todo el país. Cabe hacer notar que ese día, pero en 1950, el Papa Pío XII nombró a San Juan Bautista de La Salle patrono universal de los educadores. Por otra parte, en 1867, con la victoria de las armas republicadas concluye el sitio de Querétaro y, con él, la Segunda Intervención Francesa y el Segundo Imperio Mexicano.

La fiesta de los maestros debiera suponer el reconocimiento enfervorecido a los que hacen posible el despertar de la conciencia de sus alumnos; un homenaje a los constructores de futuro de un pueblo amante de sus tradiciones, su cultura, su identidad, y comprometido con su futuro, con su prestigio internacional, con su paz interior, con su grado de civilidad, de progreso, del bienestar de sus gentes, de la confiabilidad de sus instituciones, de la calidad de su oferta de trabajo y la solidez de su seguridad social. Debiera, pero no resulta creíble en la realidad cotidiana, porque en México no se educa para la libertad, para la justicia y para la vigencia de los derechos económicos, sociales y políticos de sus habitantes.

Mientras que en otros países el maestro goza de la más alta consideración social, aquí es un ciudadano de segunda, un empleado que sirve para llenar los actos masivos del régimen, un manipulador de conciencias que puede rozar el sicariato ideológico cuando se sirve de la fuerza de la organización magisterial para apoyar a tal o cual candidato, iniciativa de ley, pronunciamiento, programa o proyecto de desnacionalización a cuenta del gobierno en turno. La influencia del maestro así reducido es empleada para el Plan “B” de las contingencias políticas de un gobierno sin legitimidad, apátrida, corrupto y peligroso para el desarrollo del país. En estas condiciones se educa para la subordinación y el engaño.

En décadas pasadas, antes del golpe neoliberal, el ingreso a la Escuela Normal era posible tras rigurosos filtros, pero el esfuerzo valía la pena porque el maestro salía con su plaza, tenía un destino programado, podía acceder con el tiempo a posiciones de carácter administrativo, rodeados de prestigio y poseedores de experiencia. El maestro de base y el director de escuela eran reconocidos y respetados en el pueblo, en la ciudad, en todos los ámbitos de la interacción humana en la que participaban y desplegaban su capacidad de gestión en beneficio de las comunidades, llegando a ser promotores del cambio, ciudadanos ejemplares cuya acción cotidiana los convertía en activistas por un mejor país. Sin duda la fuerza moral del magisterio pronto devino política, irradiando su influencia en los más diversos círculos, hasta llegar a las alturas de la administración pública y eventualmente el poder.

Cuando la política del país dejó de ser nacionalista y revolucionaria, el interés basado en los valores del mercado trastocó la obra social del magisterio y la transformó en una mercancía más; un bien que sólo se adquiere con la calidad suficiente cuando se consume en los expendios de la iniciativa privada, los negocios de la educación como signo de prestigio, de pertenencia a una clase social que no se siente heredera de Juárez, de Vasconcelos o de Cárdenas. La educación pública se puso frente a la privada privilegiando el logro individual sobre el bien común.

Actualmente la educación pública sufre los embates del gobierno neoliberal y se privilegian los negocios educativos. Esta ideología anclada en el mercado castra la conciencia social de sus docentes y de los alumnos que se forman en el pragmatismo individualista que carece de perspectiva histórica, de raíces de identidad con el país que tenemos y que debemos cambiar para bien de todos. El maestro se convierte en simple transmisor de la trivialización de la historia, de la cultura y la conciencia nacional.

Frente a este panorama triste y desesperanzador, se levanta valientemente una nueva generación de maestros con conciencia social, con conciencia de clase, que luchan cada día por recuperar el espacio privilegiado del maestro que sirve al país con su esfuerzo y generosidad desde el aula en la ranchería, en la colonia marginal, y que ve el futuro de México ligado a la educación pública, gratuita, de calidad, formadora de verdaderos ciudadanos capaces de ser solidarios en la recuperación de la república. Por eso se ejercen acciones políticas, por eso hay movilizaciones, por eso se da la lucha legal. Por eso los maestros democráticos y nacionalistas luchan en la actualidad en las filas de la CNTE, hermanados con cada vez más movimientos ciudadanos que creen y piensan en México como una patria soberana que debe ofrecer espacio y abrigo para todos, porque es democrática, justa, equitativa e incluyente.

El día del maestro es un día de lucha, no una fecha en el calendario de celebraciones del sistema, llena de discursos, de hipocresía y de cursilería oficial. Es un recordatorio, en todo caso, de la misión formadora que el maestro debe realizar, junto con las familias y los estudiantes de que son responsables. Es tarea de todos, ¿le entramos?

domingo, 6 de mayo de 2018

¿Huelga en el paraíso?


“Una huelga de intelectuales, que es un supuesto improbable, paralizaría la marcha del mundo” (Camilo José Cela).

Como el culto e informado lector sabe, Sonora padece una enfermedad social que se traduce en el desprecio oficial por los reclamos de los trabajadores cuando de defensa de derechos se trata; así, tenemos que la necesidad de ser un buen lugar para invertir, algo así como un paraíso laboral que halague y consienta a los posibles, probables y potenciales inversionistas que “vienen a generar empleo porque creen en nuestro estado y en la seguridad que ofrece nuestro gobierno”, independientemente que dicha pretensión coarte las vías legales y legítimas de protesta laboral de los afectados de siempre: los trabajadores. En Sonora, por decreto de la actual gobernadora, la política es de cero huelgas.

Tal situación se manifiesta en la forma en que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje recibe y decide sobre los emplazamientos y su posterior declaratoria de huelga. La autoridad laboral decide facciosamente dar por inexistente cualquier atisbo de parálisis de actividades y en el mismo sentido va la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora, dependencia gubernamental de existencia cuestionable que se apresura a cumplir las instrucciones de la gobernadora y logra el milagro de convertir el derecho en privilegio: en nuestra entidad no hay derecho laboral que valga y el ejercicio de las garantías legales son, en términos prácticos, un privilegio.

Lo anterior viene al caso porque, tanto en 2014 como en el año en curso, la huelga del STEUS se declaró ilegal y se ordenó el archivo del expediente. Así tenemos que no importa si el gobierno es panista o priista, o el rector de la UNISON es Grijalva o Velázquez, el resultado es el mismo: el patrón tiene la razón por decreto y puede amenazar con el despido a los trabajadores que sostengan la huelga, independientemente de que su emplazamiento y estallamiento haya sido en los términos que la ley establece, sus demandas justas y su actuación pacífica y apegada a derecho.

Se arguye que los estudiantes no pueden dejar de tener clases porque “son el futuro de Sonora”, entidad que genera empleo precario y sigue puntualmente el dogma de no rebasar el tope salarial del 3.4 por ciento, sea cual sea el costo de la canasta básica, el precio de la gasolina, electricidad, agua, educación de los hijos, entre otros gastos forzosos que gravitan e inciden en el ingreso del trabajador, situación que se ha agravado gracias a las llamadas reformas estructurales.

Como usted sabe, la novedad de este gobierno ha sido lo de las zonas económicas exclusivas y, sobre todo, la llamada mega-región Sonora-Arizona bendecida por ambos gobiernos que queman incienso a la potencial utilización de los recursos y el espacio sonorense en beneficio de nuestros vecinos del “otro lado”. Por ahora, centraremos la atención en este último aspecto. Nuestro malinchismo nopalero puede más que las razones estrictamente económicas, históricas, políticas y sociales, despertando los deseos de las clases favorecidas sonorenses de ser tucsonenses honorarios en lacayuna asimilación por el extranjero.

Si la frontera entre nuestra entidad y la vecina Arizona se desdibujan por obra del dólar, la desmemoria y el malinchismo apátrida del gobierno, resaltan, sin embargo, las diferencias en el trato de problemas similares cuando se ofrecen respuestas distintas. Pongo por caso la reciente huelga magisterial de Arizona.

Mientras que en Sonora las instituciones educativas padecen de anemia económica, restricciones presupuestales, reformas punitivas, mecanismos de exclusión y control de los docentes y sus organizaciones gremiales, los profesores de Arizona lograron un aumento general del 20 por ciento en cuatro años.

La huelga que duró cinco días y que finalmente se levantó el pasado viernes 4, dejó sin clases a medio millón de estudiantes de escuelas públicas, es decir 470 mil más que los supuestamente afectados por la huelga del STEUS. Aquí tanto el gobierno del Estado como el rector de la UNISON se rasgaron las vestiduras y bramaron su enojo por la suspensión de clases, amenazando con despidos masivos en caso de que no volvieran al redil los trabajadores que ejercían su derecho a huelga; en cambio, en Arizona el gobernador Ducey dijo que los maestros se habían ganado el incremento y lo consideró un triunfo de éstos y de los propios estudiantes. El aumento significa un gasto de 300 millones de dólares para el próximo año (Expreso, 4 de mayo de 12018). Ambos movimientos duraron cinco días, pero es claro que la actitud del gobierno es completamente distinta.

Pero ya entrados en gastos, ¿usted cree que una “mega-región” transfronteriza puede llegar a beneficiar a la parte más débil del binomio? ¿Se pude suponer bondadosa una relación asimétrica, es decir, la coexistencia de tiburones y sardinas? Aquí cabe recordar que el gobierno de Arizona siempre ha hecho cuentas de los recursos de Sonora, parte del gran traspatio gringo, lo que fue más que evidente en el programa de gobierno del republicano Fife Symington (1991-1997). Seguramente usted recuerda la pretensión de hacer de Guaymas el puerto de Arizona. Lo interesante sería ver esfuerzos gubernamentales por integrar económicamente el Noroeste de México, y aprovechar sus potencialidades en beneficio de los habitantes de las entidades que lo conforman.

Nosotros tenemos huelgas con destino diametralmente opuesto a las que se desarrollan en el país del norte, meca y paraíso de los desarraigados. La diferencia es la concepción que se tiene de desarrollo y la forma de lograrlo. No hay duda de que una mejor retribución al factor trabajo produce mejores resultados en las condiciones de vida de las familias y el clima laboral de la entidad, región o el país. Los sueldos de hambre y la ausencia o disminución de los derechos laborales sólo producen miseria, desencanto y violencia. De esto somos el ejemplo. ¿Mega-región? ¡Pamplinas!

lunes, 30 de abril de 2018

1 de mayo ¿todos contentos?


“Las huelgas, cuando quiera y donde quiera que surjan, merecen el respaldo de todos los compañeros de trabajo. Ellas muestran que la gente está empezando a conocer sus derechos, y conociéndolos, se atreven a mantenerlos” (Benjamin Tucker).


El 1 de mayo es un día altamente significativo para quienes gustan recordar fechas heroicas sin sudar ni despeinarse. La lucha de los trabajadores por mejores condiciones de trabajo, humano y justamente retribuido garantiza hoy la protección legal que debe disfrutar quien tiene un empleo formal, es decir, con reconocimiento de antigüedad, salud y seguridad social, lo cual no se hubiera logrado sin la acción colectiva de los trabajadores que hoy consagra el derecho laboral y que se conoce como el derecho a huelga que garantiza el reclamo y la acción de quienes hacen posible la vida económica, política, cultural e histórica de la nación en aras de mantener el alma pegada al espinazo.

El derecho laboral en general y el de huelga en particular garantizan la moderación de los afanes de lucro y los abusos de los empresarios siempre deseosos de que las cosas les salgan gratis, o de las instituciones públicas y privadas que tienen la idea de que deben reducir costos por la vía de estrangular el ingreso de los trabajadores, o de los ciudadanos que siendo empleados piensan y actúan como si fueran los patrones y defienden la explotación de la fuerza de trabajo por medio de las artes oscuras del descrédito social que fluye en expresiones como “otra vez en huelga, huevones pónganse a trabajar”, “si no les gusta este empleo pues renuncien y búsquense otro”, “otra vez paralizando la escuela, qué no piensan en el derecho a la educación de los jóvenes”, “deberían cerrar la universidad, correr a todos y empezar de nuevo”, “el gobierno debe promover leyes que restrinjan el derecho a huelga”, “no debe permitirse que se paralicen las actividades así nomás”, “la paralización de las actividades es ilegal y habrá medidas disciplinarias”, “la huelga es un recurso obsoleto y deben buscarse formas de presión que no afecten intereses de terceros”, entre muchas más que usted seguramente conoce y que el gobierno recoge con mal disimulado entusiasmo.

En México tenemos una situación económica general de escalofriante surrealismo, ya que más de la mitad de los niños de 11 años está en situación de pobreza, lo cual no es extraño si consideramos que el 57 por ciento de la población se encuentra en la informalidad mientras que, del total de la población, sólo el 53.7 por ciento tiene acceso a instituciones de salud. De la población ocupada, sólo el 3.4 por ciento tiene ingresos que permiten acceso a condiciones de bienestar, mientras que el 20.6 por ciento vive en la precariedad absoluta y menos del 35 por ciento de los que tiene un empleo están afiliados a un sistema de pensiones para el retiro. Como dato final, solamente el uno por ciento de la población ocupada tiene ingresos superiores a 10 salarios mínimos (Coneval).

Como usted podrá imaginar, las condiciones del 99 por ciento de la población mexicana ejemplifican claramente un conjunto humano susceptible de caer en la manipulación criminal o en acarreo político-electoral por razones de desesperación, abandono y baja autoestima, pérdida de sentido de la realidad o anestesia moral. La gente sufre carencias de toda índole, carga con su existencia en el día a día de quien no tiene esperanzas, en espera de lo que caiga, dispuesto a dejarse llevar por el primer señuelo monetario que se le presente, donde están incluidos los trabajos propios de la delincuencia ocasional o de subsistencia, la incorporación a actividades ilícitas en forma organizada, el servicio de paleros y apoyadores de políticos con despensas, materiales de construcción a la mano y eventuales tarjetas de débito cargadas de míseras cantidades que seducen por la fascinación del plástico y su posible convertibilidad en artículos para el hogar o alimentos. Al precarismo económico sigue el moral y político, donde la conciencia ciudadana solamente resulta una molestia para la víctima del sistema que lo degradó.

Este deterioro de la dignidad y adormecimiento de la conciencia puede y debe ser revertido mediante un ejercicio colectivo de defensa legítima de los derechos de los trabajadores y los ciudadanos donde la educación sindical es fundamental. En el mundo laboral, la lucha por el empleo y el ingreso decente es prioritaria y la forma última de defensa es la huelga. La huelga representa el ejercicio legal, político e histórico de un derecho irrenunciable y su entendimiento hace crecer al sindicato y, eventualmente, a la propia empresa.

Estamos en un mayo preelectoral, donde los candidatos del viejo sistema explotador fingen reclamos y suman puntos de convergencia contra quien amenaza con destapar cloacas y enderezar renglones. Siendo un momento señaladamente político, las organizaciones de trabajadores no debieran temer reflexionar y asumir una posición crítica respecto a sus condiciones generales de trabajo, a su nivel de ingreso, a los logros en materia de bienestar y seguridad social, al respeto a sus contratos colectivos, y a la honestidad y compromiso de sus cuadros dirigentes. Su deber es luchar para avanzar.

La conmemoración del 1 de mayo no debe ser un mero espectáculo donde las cúpulas ven marchar a sus empleados, escuchan sus demandas, aguantan sus protestas y eventuales exabruptos. Debe ser la celebración de la voz y la voluntad de los trabajadores que se levanta en defensa de la dignidad de quienes hacen posible la producción y el progreso de la sociedad con su esfuerzo cotidiano. Debe ser una advertencia contra los abusos y la falta de respeto a los contratos colectivos y las condicione generales de trabajo, por parte de una clase trabajadora que entiende su papel transformador en la historia y que lo asume con valor y determinación. El 1 de mayo debe ser, simplemente, la manifestación pública de una ruta que se recorre todos los días. Tratemos de conciliar el ser con el deber ser y demostremos conciencia y voluntad de cambio. Sólo el pueblo puede salvar al pueblo.

lunes, 23 de abril de 2018

Pero ¿hubo debate?


"- ¿Cuantos trabajadores irán a la huelga? - Toda la fábrica. Unos 3000. - Que los fusilen a todos. No quiero que haya obreros insatisfechos” (Charles Chaplin en El Gran Dictador).


Usted seguramente dejó una importante actividad fuera de su agenda por dedicar el tiempo a presenciar el “debate” entre los cinco candidatos a la silla presidencial. Canceló citas, pospuso reuniones, reagendó buena parte de su domingo familiar o de ameno cotorreo entre algunos amigochos y vecinos cercanos del tercer tipo. La vida le puso en la nuca la pistola de la curiosidad y, por qué no, de la más legítima expresión del morbo político y, ante esa oferta suculenta, aunque predecible, se desparramó a dos nalgas en cómodo sillón y se dejó llevar por los medios que dieron cobertura al show estelar de la noche.

Tenemos el curioso caso de una organización preñada de parcialidad y de periodismo faccioso, donde la solemnidad del trato simulatorio de oquedades morales e intereses chayoteros lució sus mejores galas, aunque sin disimular un ápice la andanada concertada de preguntas insidiosas que sirvió de marco a la parodia chabacana que representaron Meade, la Zabala, el Bronco y Anaya. Frente a ellos estaba AMLO, capoteando un temporal sin novedades, que fue de aguante y carrera de resistencia durante una hora de aburrimiento y cansancio para quienes esperaban un pronunciamiento particularmente propositivo. Pero fue historia sabida, cuento reciclado, anécdota vieja que se repite hasta el bostezo y la náusea. Tuvimos un domingo marchito, síntesis de los desaires del sistema a la democracia como aspiración no lograda.

Le confieso que me receté el debate completo por pura disciplina, por hacer un ejercicio de voluntad capaz de vencer el impulso poderoso de cambiar de canal y disfrutar de una buena película de terror, como divertimento paliativo de la tragedia nacional representada por el gusano panteonero del PRIAN (Meade, el Bronco, la Zabala y Anaya) y montada por un instituto que no garantiza absolutamente nada. Lo más triste es que ni siquiera logré enojarme lo suficiente como para desahogarme con mexicana alegría: las mentadas de madre las dejo para mejor oportunidad, los comentarios sarcásticos apenas resultan expresiones coloquiales y la ironía nace, crece, se reproduce y muere en el ciclo de las intervenciones bajo el estricto guion del ataque a AMLO. Tras el esfuerzo realizado sólo me queda cargar energías para cuando se de el inevitable fraude electoral. Usted como yo, empiece a juntar piedras.

En otros asuntos, llama la atención, aunque ya no tanto, la oscura propensión que tiene el gobierno de regatear el derecho a huelga que tiene los trabajadores en los términos de la Ley Federal del Trabajo. La reciente huelga del STEUS revela la facilidad con la que las autoridades del trabajo interpretan torcidamente la norma jurídica para declarar la inexistencia y amenazar con despidos a los trabajadores que ejercen ese derecho. Desde luego que esta situación no es, ni mucho menos, producto de la casualidad o de la torpe perversión de tal o cual funcionario venal. La declaratoria de inexistencia obedece a la necesidad de dar cumplimiento a una política ridícula: “Cero huelgas”, para garantizar la paz laboral y atraer inversionistas a Sonora, aunque seamos un estado sin agua y se acojan inversiones mineras, cerveceras y demás que impactan severamente la calidad del ambiente y la disponibilidad de agua para uso doméstico.

Según el juicio profesional de un grupo de abogados independientes que accedieron a participar en un “conversatorio jurídico” organizado por los dos sindicatos universitarios, le quedó claro a la audiencia integrada por trabajadores y estudiantes, que se había cometido una ilegalidad al dar por archivado el expediente relativo a la revisión contractual 2018 del STEUS con la Universidad de Sonora. La verdad jurídica es que el sindicato actuó de acuerdo con la norma legal vigente, y que fue una clara violación a su derecho la decisión de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la Secretaría del Trabajo del Gobierno del Estado sobre archivar el expediente y la del juez que rechazó el amparo. En Sonora no existe vigencia del derecho laboral salvo en beneficio del patrón que, en este caso, se apresuró a alinearse con el gobierno al considerar improcedente la acción emprendida por los trabajadores.

En este movimiento, quedó claro que la parte patronal representada por el rector de la UNISON sigue el guion anti laboral del gobierno y se pliega a intereses y compromisos que nada tienen que ver con las altas responsabilidades formativas de la Universidad, sino más bien todo lo contrario. La huelga existió, fue legal, aunque les produzca urticaria a los enemigos de los trabajadores y sus luchas.

En México y en Sonora urgen los cambios políticos, sociales y legales que permitan al país y al estado reencauzar su rumbo hacia una sociedad democrática, incluyente y justa para todos. La oportunidad se presenta el día 1 de julio. Aprovechémosla.


domingo, 15 de abril de 2018

Huelga se escribe con H


“Después de la lucha por la vida, la única batalla que se debe librar es contra la ignorancia” (Anónimo).

Como suele ocurrir cuando las organizaciones de los trabajadores debidamente registradas ante la autoridad competente se apegan a la ley para defender sus derechos, no falta quién diga que se trata de un acto que atenta contra los fundamentos mismos del sistema y que afecta enormemente la paz social y los derechos de terceros. Como el sagaz lector habrá captado, me refiero al ejercicio del derecho a huelga.

Los patrones o representantes legales de las instituciones “afectadas” chillan como marranos atorados en sus respectivos esquemas de condescendencia con las políticas recaudatorias, regresivas y lesivas a los intereses de los trabajadores, parte activa en las funciones institucionales y pasiva en el disfrute de reconocimientos, derechos y prestaciones derivadas de su esfuerzo productivo. Sus lamentos se escuchan a kilómetros de distancia y no se sabe si son producto de una seria convicción o simplemente una emanación de la descomposición del sistema al que pertenecen y al que terminan sirviendo por obra y gracia de la limitación presupuestal impuesta por el criterio mercantil que domina la cosa pública.

Por desgracia, los estudiantes de las instituciones en conflicto se alinean con el trivial criterio patronal y terminan actuando como “clientes” que, aunque reciben educación en espacios públicos, no entienden que al concluir su proceso formativo pasarán a formar en las filas de los desempleados, subempleados y trabajadores sin derechos gracias al esquema del outsourcing, a la tercerización de la economía y al carácter cada vez más acentuado del trabajador como producto desechable. Aquí, la dignidad humana y los derechos del trabajador pasan a ser una consideración molesta y contraria a la lógica mercantilista que se imbuye en las mentes de los futuros explotados. Los futuros profesionista asumen actitudes de patrón y exigen su “derecho a la educación” en un acto de legitimación de su futura desgracia por la vía de la marginación económica y la exclusión social. Son, lamentablemente, idiotas útiles del sistema en vez de ser factor de transformación de sus instituciones y, sobre todo, de la mejora de las condiciones de vida y futuro de los trabajadores. En el aquí y ahora de quienes niegan la fatalidad natural de envejecer, de ser simples trabajadores y no gerentes de empresa, o desempleados con títulos y constancias, el futuro es color de rosa y la realidad es un caso especial con el que no tienen ni tendrán que ver en sus vidas… hasta que el destino los alcanza.       

Como usted sabrá, los académicos de diversas universidades y centros de investigación y estudios superiores se han manifestado por un mayor presupuesto para la ciencia, ninguneada por las extrañas prioridades de una serie de gobiernos donde la apariencia puede más que los hechos concretos en el ejercicio de sus deberes y obligaciones constitucionales. Es público y notorio que las instituciones educativas de todos los niveles sufren de una carencia crónica de recursos, de donde la labor científica y la docencia de alto nivel simplemente no pueden desplegar sus beneficios y terminan cayendo en la categoría de changarros vendedores de chatarra que dejan las funciones esenciales en manos de consorcios extranjeros o, de plano, tiene que confesar que el carácter de nuestra ciencia y educación es simplemente decorativo dado que el peso mayor lo llevan los productos extranjeros que importamos en ciencia y tecnología como buen  país de maquila ligado al mercado extranjero, particularmente gringo. El elemento clave del discurso oficial que menciona a cada rato la palabra “excelencia”, es el cinismo. La autocomplacencia es su complemento infaltable.

En este contexto se dan las revisiones salariales y contractuales de las instituciones de educación superior e investigación, lo que da la pauta de qué clase de futuro puede tener un país que no invierte en sus propios recursos humanos, como no lo hace en salud, seguridad social y empleo decente.

Recuerde que la huelga es un recurso legal y legítimo de los trabajadores, logrado por generaciones que lucharon para que usted como asalariado, y sus hijos, tengan mejores condiciones de progreso y bienestar. Nadie busca por frivolidad o capricho la suspensión de actividades en un centro de trabajo y sólo se acude a ella cuando la cerrazón de las autoridades obliga a la defensa del bienestar familiar y lo que, en estricto derecho, corresponde a los trabajadores.

La lucha de los universitarios es la de las clases trabajadoras, del futuro de nuestros hijos, y es, en suma, la del país. ¿Qué razones válidas podría haber para que no apoyemos esta causa y actuemos en legítima defensa? Corrijamos, entre todos, los errores ortográficos y conceptuales del sistema.

domingo, 8 de abril de 2018

Es el sistema


«La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa» (Abraham Lincoln,1808-1865).


Apenas nos estamos reponiendo de la escandalosa revelación de que Salinas y otros connotados parásitos del régimen neoliberal ahora son petroleros gracias a la liquidación de la industria petrolera nacional representada por Pemex y ahora por las empresas transnacionales que expulsó del país el gobierno de Lázaro Cárdenas. Cosa parecida se puede decir de la nacionalización de la industria eléctrica, otrora con eje en la CFE y ahora devuelta a las empresas extranjeras mediante las figuras de cogeneración y demás engendros cuyo único fin es la privatización de los recursos energéticos, cuestión que se plasma en la reforma de Peña en la que la “empresa productiva” mexicana va a la cola en relación con las extranjeras. Al parecer la modernidad se entiende como la capacidad legal del Estado mexicano para dejar de ser, en una negación que huele a recolonización por otros medios.

Así como hay un agandalle claro en materia de recursos estratégicos comercializables, también lo hay en cuestiones de privilegios y canonjías. La clase político-empresarial mexicana busca ventajas económicas a costa de lo que se les ponga enfrente, así, por ejemplo, son notables los casos de los beneficios económicos y políticos de los expresidentes, los ministros de la SCJN, los miembros del Poder Legislativo, entre otros funcionarios públicos, más los empresarios privados que reciben descuentos en sus impuestos y devoluciones multimillonarias como si el Estado fuera tributario de ellos y sus funciones estuvieran más ligadas al beneficio empresarial que al social.

En nuestra realidad política cotidiana abunda el desperdicio de recursos con fines de promoción personal, de autoelogio, de erección de monumentos y altares a quienes ocupan tal o cual posición en el aparato de gobierno vía boletines, notas a modo, desplegados y apoyos mercenarios, y dispendiosas prebendas que van desde la renta de celulares hasta comilonas y viajes locales, nacionales e internacionales, pago de asesores, guardaespaldas, choferes, personal de apoyo y otros a cargo del erario. Mientras el funcionario vive la vida loca, los recursos destinados a las obras y servicios públicos presentan una baja, merma, insuficiencia que sugiere la búsqueda de opciones tales como la concesión o subrogación, formas eufemísticas del avance de la privatización de los bienes y servicios públicos y de la reducción del Estado en favor del Mercado. Asimismo, la insuficiencia de recursos financieros se vuelve crónica y el endeudamiento obliga a buscar dinero privado, con compromisos que terminan resultandos fatales para el funcionamiento de la administración pública que termina en calidad de cliente deudor.
  
En este marco de relaciones donde la irracionalidad es la tónica, se prefiere reformar las leyes antes que poner orden en las finanzas y el gobierno de la nación, el estado o el municipio. La cadena de errores y el dispendio con el que se pretende apuntalar el edificio gubernamental dan por resultado la invención de las asociaciones público-privadas para inversión en obra pública (sic). Es decir, privatizar funciones y abrir las puertas para que la cuestión pública se convierta en un negocio redituable con cargo a las presentes y futuras generaciones de ciudadanos que pagan impuestos y que son causantes cautivos. Vea usted el caso del alumbrado público y la posible privatización del servicio de recolección de basura en Hermosillo. Es el pobre quien termina financiando al rico, mientras que el Estado se reduce y evade responsabilidades y deberes no sólo legales sino sociales e históricos.

Este desbarajuste producto de un modelo perverso de relaciones económicas y políticas tiene graves impactos en la vida ciudadana, porque ha invertido el sentido de las relaciones sociales y, por tanto, prioriza el interés privado sobre el social. Así pues, tenemos una sociedad excluyente para quienes producen la riqueza social, con derechos laborales, sociales y políticos disminuidos y condicionados ilegítimamente. La privatización de la educación, la salud y la seguridad social, entre otras garantías sociales internacionalmente reconocidas y protegidas por los gobiernos suscriptores de acuerdos y tratados internacionales, tanto como la relativización y disminución de las garantías laborales en términos de estabilidad en el empleo, reconocimiento de antigüedad, derechos jubilatorios, salario digno, afectan seriamente la economía familiar y alientan la anarquía social y la inseguridad pública.

Una prueba irrefutable del carácter depredador del sistema es el saqueo de los fondos pensionarios en el nivel local y nacional donde el desvío de fondos y el robo descarado lo   encontramos respecto los fondos de derechohabientes del IMSS, ISSSTE en manos de administradoras privadas. Asimismo, en el caso del ISSSTESON, con un hueco de 6 mil 41 millones de pesos producto de la corrupción y malos manejos del propio gobierno y aun sin ningún resultado en cuanto su recuperación.

Cabe recordar que una “solución” al problema del desfondo autoinfligido de ISSSTESON es la de vender propiedades del Estado, que son propiedades públicas, por tanto, patrimonio de los mismos ciudadanos sonorenses defraudados. Al parecer, la lógica del sistema es cargar las deudas y despojos al ciudadano, que para eso está. Los pillos, defraudadores, delincuentes de cuello blanco, amigochos, parientes, compadres, cuates de partido o cofradía, respiran tranquilos porque es el pueblo quien paga lo que le fue robado. Claro, dirán quienes confían en la desmemoria y la lentitud del aparato legal diseñado para que el pillo salga bajo la presunción de inocencia: “es que es el sistema… confiemos en él”.