El meollo del asunto.

El tema educativo asalta la imaginación del lector y lo persuade de que la luna no es de queso, la vida no se crea por generación espontánea y que la asignación del presupuesto no depende de la importancia de la actividad beneficiada sino de las prioridades que en algún oscuro sótano financiero se establecen para los satélites institucionales que lo orbitan. El dinero y su disponibilidad es asunto de alta secrecía, de crípticos y complejos designios que los mortales que pagan impuestos y sufren carencias no están en posición de entender a cabalidad, quizá por salud del propio sistema que los acojona día con día.

En nuestra cotidianidad encontramos a cada paso pruebas de que somos objeto de fiscalización continua, que un ente superior y lejano a nosotros nos vigila con el interés con que un entomólogo ve al insecto: el SAT busca mil y una maneras de hacerse con tus recursos, de expurgar cuidadosamente tus ingresos y egresos y sacar la cuenta de esas pequeñas o grandes diferencias contables que te permiten, en proporciones cada vez menores, irla pasando en esta vida tercermundista donde el sueldo parece achicarse más rápido de lo que caen las hojas del calendario quincenal.

La educación, que debiera ser prioridad nacional, se sacude entre los faltantes que impiden su óptima operación y las realidades del presupuesto que pudieran resolver los conflictos laborales pero que no lo hacen. Se dice que los topes los determina lo que puede conseguir la UNAM en sus revisiones contractuales, que es irreal solicitar y, desde luego, aceptar conceder un aumento salarial que rebase el 3.5 por ciento, que es inmaduro, desproporcionado y casi esquina con absurdo pedir más aumentos porque no sería “responsable” hacerlo.

Las autoridades educativas insisten en que no van a caer en la trampa, chantaje o presión de los sindicatos y que debe haber moderación en sus demandas. Algunos funcionarios llegan a decir que los sindicatos tienen “secuestrada” a la institución, que se pone en riesgo el semestre, que se afecta a los estudiantes, que se deteriora el prestigio de la institución, entre otras lindezas que apuntan hacia los trabajadores como los causantes de la debacle educativa nacional.

Desde la cómoda posición de los funcionarios educativos metidos a administradores de las estrecheces presupuestales, parece no existir la idea de que el directivo es esencialmente un gestor de recursos, un defensor de la buena marcha y del progreso y pertinencia de la institución que representa. Los culpables son los maestros y personal de apoyo que exigen en pago a sus esfuerzos cotidianos, e incluso se llega a decir que la noble labor del magisterio es un apostolado, algo así como un oficio místico que se alimenta del gozo espiritual de ver que sus estudiantes y egresados avanzan por la senda del logro personal.

La terrenidad de la profesión docente como la de empleado manual y administrativo parece que no se entiende del todo en el submundo administrativo educativo. Parece como algo desproporcionado, caprichoso, imprudente, molesto y condenable, algo que difícilmente se debe tolerar porque huele mal y es políticamente incorrecto. Las estrecheces presupuestales deben ser comprendidas y no cuestionadas, y las medidas de contención salarial se deben tomar como prudentes ejercicios técnicos que permiten que las instituciones sigan funcionando en el marco de la crisis nacional e internacional que facilita la acumulación de capital en las manos que el propio sistema decide que son las idóneas para ello. En este sentido, las prioridades nacionales y locales dejan de lado aquello que se relacione con la calidad de vida y el desarrollo para centrarse en los objetivos de contención salarial, fiscalización del ingreso, limitación de la acción sindical, criminalización de la protesta ciudadana, descrédito de cualquier tipo de medida por parte de los trabajadores para rebasar los topes impuestos por el gobierno federal que acta las directrices del FMI y el Banco Mundial.

La huelga de la Universidad de Sonora y los problemas que se avecinan en Conalep, por ejemplo, ha puesto en evidencia qué tan frágil puede ser una administración académica subordinada a imperativos externos, a imponderables que forman parte de la caja de recursos del sistema para no cumplir con los objetivos sociales. Lo que parece alarmante es que, en el caso de la Máxima casa de estudios de Sonora, se relativice a tal punto que casi es invisible la autonomía universitaria. La ley orgánica impuesta por Beltrones en 1991, genera las condiciones para la excesiva burocratización de la Universidad, para que los miembros de la comunidad académica funcionen como simples piezas inconexas sin peso real en las decisiones institucionales, y todo el andamiaje burocrático sea una barrera de contención de la iniciativa y creatividad de profesores y estudiantes.   

El discurso individualista y ñoño suple las ideas de solidaridad y defensa de la institución en el terreno laboral y político, se acamella a sus integrantes quienes desprovistos de legitimidad en la acción colectiva optan por inercia a las soluciones individuales: el logro del puntaje en el programa de estímulos a la carrera docente,  el descuento en la cuota semestral, la simulación de éxito y avance en el rendimiento académico como política general que mediocriza y destruye la razón misma de ser universidad.

En este contexto, las autoridades universitarias representan el triste papel de patiño del gobierno y, por consecuencia, se oponen a las demandas de los trabajadores, echan mano de distractores ante la opinión pública, asumen la plañidera rutina de las víctimas de la intolerancia de los trabajadores, a quienes acusan de mil maneras de sacrificar a los estudiantes, estos claramente utilizados como rehenes de los propósitos económicos regresivos que postula la política de financiamiento educativo del gobierno neoliberal local y nacional.

La huelga en la Universidad de Sonora es nuestra versión local del absurdo, de la perversión de los objetivos de desarrollo local y nacional, del fracaso de la política económica neoliberal que nos llega como platillo indigesto y que no nos molestamos en analizar a profundidad por estar en la facilona y resbaladiza carrera de las descalificaciones, el ocultamiento y la complacencia. Los trabajadores universitarios merecen respeto, su lucha es la de todos, y debe ser tomada como un ejemplo de lo que debe y puede hacer un ciudadano en defensa de sus derechos fundamentales. Apoyémoslos.

Jugar a las vencidas

Supongo que el acucioso lector sabrá que tras un primer intento preparatorio el diálogo entre administración y sindicalistas universitarios finalmente hubo la reunión en la que la representación del rector corrió a cargo de la señora Magdalena González Agramón quien en el carácter de Secretaria General Administrativa se presentó con la respuesta al oficio girado por el sindicato STEUS donde se plantearon los recamos de los trabajadores, y la respuesta de las autoridades arrojó el mismo resultado que hace un mes, es decir, nada.   

La señora representante del representante legal de la institución, es decir del rector, continuó con la tónica de no ceder en ninguno de los aspectos planteados por su contraparte, haciendo gala de inflexibilidad thatcheriana y garantizando en consecuencia que el conflicto seguirá sin visos de solución.

Lo anterior permite suponer que la disposición de las autoridades de dialogar no tiene ninguna otra finalidad más que la de generar expectativas entre los afectados que, aparte de los trabajadores, incluye a los estudiantes, prestadores de servicios y microempresarios que dependen del funcionamiento de la Universidad para el desarrollo de sus negocios. Tan es así que los vendedores de hot-dogs, tacos y demás productos gastronómicos de venta callejera en la periferia universitaria han manifestado su preocupación por tan importante fuente de ingresos; lo mismo puede decirse de los transportistas urbanos que ven descender su pasaje diario y, por ende, sus ingresos.

Otro sector afectado por la huelga es el de los establecimientos privados que proporcionan hospedaje y/o alimentación a los estudiantes, ya que las casas de asistencia empiezan a resentir la baja en el flujo de efectivo a que los tienen acostumbrados los usuarios de sus servicios. Lo mismo puede decirse de los expendios de cerveza y cigarros que por las mismas razones sufren una disminución en el consumo de sus productos debido a que el aforo de clientes por esa y otras razones se hace más lento.

La ciudad capital luce más apagada y el bullicio típico de una concentración urbana del tamaño de Hermosillo experimenta un cambio de ritmo, como si de repente bostezara en medio del letargo de un día sin matices como advertencia de que aún está viva y expectante. El aburrimiento o el enfado por la falta de noticias alentadoras calan profundo en quienes mantienen relaciones con la Universidad y el anuncio de marchas y manifestaciones apenas logra una ligera distención en la inercia cansada de la negociación frustrada y sin avances.

En los corrillos universitarios se consideró que la reanudación de las negociaciones era una buena oportunidad de limar asperezas y avanzar por la ruta de los acuerdos, pero es innegable que estos encuentros debían tener como ingrediente principal la buena voluntad de las partes. Lo triste del asunto es que al llamado al diálogo de los trabajadores se ha respondido con una actitud rígida, burocrática y francamente repelente a toda posibilidad de distención. Lo anterior es lamentable ya que parece que el acercamiento entre los involucrados no tuvo otra finalidad más que la de cubrir las apariencias ante la opinión pública favorable a que sindicato y administración se reunieran a dialogar y llegar a acuerdos, como fue el exhorto que la autoridad laboral es hizo recientemente. Parece que las autoridades se han empeñado en jugar a las vencidas con el sindicato en vez de negociar soluciones al problema, lo que hace imposible que se esté trabajando en beneficio de la institución y trabajando por un mejor futuro de las relaciones entre los miembros de la comunidad universitaria y el representante legal de la institución.

Seguramente usted estará de acuerdo en que los problemas laborales no se resuelven con hormonas sino con neuronas, y ese componente aparenta no estar tan a la disposición de la parte administrativa. Lo que es demasiado rígido termina por romperse.

Por otra parte, se necesita ser muy torpe o de plano despistado para querer una institución calcificada donde el sindicalismo sea un simple apéndice de la administración. Si hubiera una administración responsable, seguramente se privilegiaría lo académico y la parte correspondiente al apoyo de la misma, pero en el caso de la Universidad es sabido que el mayor gasto se lo lleva la burocracia que integra la administración central. Los sueldos y privilegios de los altos funcionarios contrastan fuertemente con el de los que llevan en los hechos el peso del funcionamiento de la institución. La administración debe ser gestora de recursos y factor de coordinación de los esfuerzos del conjunto que llamamos Universidad, lo que es rebasado por la macrocefalia que se padece. Aparentemente, los reclamos de los estudiantes de seguir estudiando serán satisfechos en un plazo mayor al que los trabajadores y académicos hubieran deseado.

El juego de las vencidas es, en el caso de la Universidad, un juego en el que nadie gana. Se pierde tiempo, respetabilidad, confianza, autoridad y tranquilidad. Viendo a futuro, es probable que tras la traumática experiencia de tener un rector tan torpemente inflexible  nada volverá a ser igual en nuestra Universidad de Sonora. El daño es mayor al que se ve en la superficie. Pero, la esperanza muere a lo último.

Izquierda y Universidad

Generalmente se piensa que las diversas fuerzas de izquierda o simplemente elementos progresistas están ligados con la Universidad. Debiera serlo, bajo el supuesto de que la institución es un espacio donde el libre debate de las ideas y la actitud crítica se acompaña del interés permanente por profundizar las causas y los efectos de las decisiones de los núcleos de poder en la sociedad, y donde prive un genuino afán transformador en el sentido de generar las mejores condiciones de vida para la población valiéndose del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, donde el desarrollo sea integral e incluyente.

Lo anterior se apoya en la supuesta conexión entre el saber superior  y las actitudes de cambio y justicia social que alientan en determinados agentes sociales y políticos que están orgánicamente integrados o identificados con la máxima institución educativa. Así se dice que los estudiantes de tal o cual carrera son muy “grilleros” o que los maestros de Economía y Ciencias Químicas, por ejemplo, escribieron páginas luminosas en la historia de los movimientos de oposición contra el fascismo confesional que acompañó al rectorado del Licenciado Alfonso Castellanos; que en la Universidad se pierde mucho tiempo en huelgas y manifestaciones en vez de “dedicarse a estudiar”, entre otras expresiones denigrantes y descalificatorias que tienen como conclusión la necesidad de “poner orden”.

Lo cierto es que el progresismo no es necesariamente propio de la Universidad por el hecho de serlo, ya que todo depende de la misión que en el plano formativo se reconozca como propia. En este punto cabe preguntarse si lo que se tiene es simplemente una maquiladora de conocimientos que se ensamblan sin producirse, de acuerdo a patrones dictados por alguna burocracia atada a los intereses de los centros de poder locales o nacionales. De ser este el caso, tendremos una institución desideologizada en el sentido progresista donde el cambio es visto como una amenaza a la integridad y estabilidad del núcleo dominante en turno, por lo que los mecanismos de fiscalización y control de los maestros, empleados manuales y administrativos y los estudiantes pueden alcanzar niveles desproporcionados de alcance y contundencia.

No es de extrañar que, entre más intereses externos y ajenos a lo académico entren en juego, mayores serán los mecanismos de vigilancia de la conducta de los miembros de la comunidad universitaria: sistemas de control de asistencias, formatos inacabables para medir indicadores establecidos por instancias externas a la institución, sistemas de méritos donde los puntajes alcanzados suponen mayores ingresos para los más cumplidos; comisiones y subcomisiones ligadas a direcciones de división,  a jefaturas de departamento, a entidades regionales, a mecanismos de asignación de presupuesto por el cumplimiento de determinadas metas establecidas en los programas nacionales de educación superior, entre otras formas institucionales cuya función es convertir al académico en una especie de liebre que corre tras la zanahoria de los estímulos a la carrera docente o de la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores.

Para entender el cómo y el para qué institucional, un referente importante a considerar es su marco normativo, empezando con la ley orgánica y sus reglamentos y disposiciones administrativas. Otro aspecto fundamental es el modelo curricular y las tradiciones académicas que se observan. Ambos son los ejes en los que discurre la vida universitaria, en los que se enmarcan los esfuerzos cotidianos de sus integrantes, sus razones de apego o desapego, sus conformidades o inconformidades, su sentido de pertenencia e identidad universitaria, y la forma en la que les afecta termina siendo el tema fundamental de toda las interacciones entre académicos y estudiantes, entre jerarquías y personal operativo, entre la administración y los agentes externos económicos, políticos y sociales de su entorno inmediato y mediato.

El asunto termina transparentándose en la medida en que se entiende la relativización de la autonomía universitaria de cara a las asignaciones presupuestales y las formas o mecanismos para convertir esa obligación del Estado mexicano en algo sujeto a negociaciones, al juego de toma y daca que se enmarca en el cumplimiento y sujeción a políticas y programas inútiles o de escasa pertinencia pero generosos en posibilidades de control de las instituciones de educación superior a las modas organizacionales impuestas por los organismos financieros nacionales e internacionales. La vida universitaria y su pertinencia social se reducen a cubrir el expediente de ser un eslabón en la cadena de intereses del sistema económico y financiero dominante. La autonomía universitaria, en los hechos, termina desapareciendo para convertir a la institución en una dependencia más del ejecutivo estatal o federal, con lo que el imperativo burocrático suple al impulso trasformador que pudo haber animado en un punto de su historia a la comunidad universitaria. En consecuencia, relacionar mecánicamente la Universidad con la izquierda es una equivocación con rasgos de ingenuidad profunda o de ignorancia supina. Tal supuesto pudo haber tenido sentido antes de la década de los 90, pero no después, aunque cabe aclarar que no se puede etiquetar a la institución como si fuera uniforme u homogénea su dinámica, aunque es justo reconocer que los esfuerzos de las últimas dos décadas han ido en esa dirección.

Actualmente existe una institución donde gana terreno el individualismo anodino de quienes se guían por el beneficio personal e inmediato de “hacer méritos” simulando productividad, por lo que es difícil encontrar gente que aun haga esfuerzos legítimos por investigar, enseñar o estudiar. La inercia generada por una institución dominada por los impulsos burocráticos termina en la pérdida de valores y principios socialmente defendibles, en actitudes pragmáticas sin trascendencia social, en la aniquilación de iniciativas transformadoras de alcance institucional o social. En este contexto, la vida académica termina reducida a guardar las apariencias y a aprovechar infraestructura, recursos humanos y técnicos para proyectos más anclados en el interés personal que en el propiamente universitario.

En la medida en que se pierde el sentido social trasformador, las ideas e iniciativas de la izquierda terminan siendo puramente retóricas, un discurso nostálgico hueco de contenido y, por decir lo menos, caricaturesco.

El gran reto de la izquierda universitaria es el de la inteligencia contra las fuerzas aparentemente omnímodas del mercado; es el de la lucha por principios y valores de cara al pragmatismo grosero del logro individual a costa de la subordinación política del sector académico a la maquinaria burocrática al servicio del sistema dominante. Sería interesante preguntar cuántos académicos siguen trabajando sin hacer caso de los mecanismos de presión y abaratamiento del trabajo intelectual, representados por el nefasto programa de estímulos o de “tortibecas”. Valdría la pena saber cuántos de los que han logrado un doctorado se ha resistido a ingresar al SNI y han optado por seguir investigando mediante proyectos que tengan sentido social y utilidad comunitaria.

Si la domesticación de los académicos al modelo neoliberal es una práctica cotidiana, los estudiantes no escapan a los mecanismos de control y mediatización que impulsa la estructura universitaria. Con la ley orgánica que se implantó en 1991, la Universidad de Sonora inició un proceso lento pero firme de privatización de su operación y de su mentalidad colectiva, lo que se expresa en una creciente burocratización, marginación, separación de las comunidades académicas gracias a la individualización de las vías de allegarse recursos complementarios del ingreso, así como la cada vez mayor importancia de instancias ajenas a la propia legislación universitaria como son los llamados cuerpos académicos, por encima de las academias, cuya función cae más en el control de la actividad de los docentes e investigadores por la vía del financiamiento.

En el caso de los estudiantes, se ha relativizado el supuesto de la gratuidad de la educación a tal punto que los propios afectados toman como normal el pago de cuotas y se empeñan en lograr calificaciones superiores a 80 por ciento a fin de obtener descuentos importantes o exenciones en sus pagos semestrales. Aquí el alumno entra en la dinámica de los puntajes y, al igual que los académicos, convierte la cantidad en su objetivo dejando de lado la calidad de sus productos. La visión economicista típica de las relaciones capitalistas se instaura en las universidades desarticulando su forma de integración como colectivo pensante y entre éste y la totalidad social, de suerte que la vocación de servicio, la solidaridad, el deseo de cambio social se diluyen ante la preeminencia del individualismo ramplón que inculca el propio sistema educativo. En estas condiciones, no es extraño que los estudiantes se manifiesten contrarios a las huelgas, y que no sientan la obligación moral de apoyar las luchas de los trabajadores bajo el supuesto de que pueden negar a los trabajadores el ejercicio de sus derechos laborales, entre los que está el recurso de la suspensión temporal de las actividades de su centro de trabajo en tanto no se logre el acuerdo entre las partes involucradas, es decir, entre los trabajadores y la administración.

Como producto de esta tergiversación conceptual tenemos que ante la huelga de los trabajadores algunos estudiantes se manifiestan públicamente reclamando su “derecho al estudio”, se llega a decir que la Universidad es de ellos, que los conflictos laborales deben resolverse sin afectar las clases. En este punto, es pertinente hacer algunas aclaraciones.

Quienes tienen una relación orgánica de carácter permanente con la institución son los integrantes del personal académico y los trabajadores manuales y administrativos. Los estudiantes son receptores de servicios educativos en tanto que llenen los requisitos establecidos en el reglamento escolar. Es decir, son usuarios transitorios de la oferta educativa de la Universidad que, una vez que han cubierto sus créditos escolares y demás formalidades, concluye su período de permanencia y se consideran egresados.

Por otra parte, el derecho a la educación se refiere en la legislación mexicana al nivel básico (primaria, secundaria y media superior), que es obligatorio. Lo referente a la educación superior no se entiende como exigible u obligatorio. En este sentido, resulta ser infundado el reclamo estudiantil que esgrime como contrario al derecho a la educación el estado de huelga que eventualmente presentan las instituciones que, de acuerdo con la fracción séptima del artículo 3º. Constitucional, pueden ser autónomas y, en ese sentido, fijar sus propios requisitos de ingreso, promoción y permanencia, formas de organización académica y oferta educativa.

Es incomparable la situación del personal académico y administrativo universitario y los estudiantes. Mientras que los primeros sustentan su relación mediante contratos colectivos de trabajo sujetos a la legislación laboral, los estudiantes tienen una relación individual basada en los procedimientos de admisión y los requisitos del plan de estudios del programa académico de su elección. Una huelga no afecta su derecho a continuar sus estudios en tanto que está determinado por la duración del plan de estudios que pude reprogramar sus actividades dependiendo de las condiciones y los aspectos contingenciales de la vida institucional.

La conciencia de que los estudiantes no son una clase social en sí, sino un conjunto heterogéneo de individuos en busca de mejores condiciones curriculares para su inserción en la dinámica social de su entorno es esencial para valorar la naturaleza ideológica y política de su participación en la vida de la institución universitaria. Quienes apoyan el movimiento y los reclamos de los trabajadores en lucha revelan una afinidad clasista que eventualmente se puede consolidar, o no, en su futura práctica ciudadana, aunque aporta elementos de experiencia que pueden devenir en una definición política en las filas de la izquierda. En ese sentido, los sujetos del proceso formativo son una posibilidad y no una realidad en el impulso a los propósitos transformadores de la sociedad.

En cambio, la organización de los trabajadores es una realidad dinámica cuya interacción con el entorno lleva la definición política que sus integrantes decidan darle de acuerdo a su pertenencia y conciencia de clase. Tan puede ser progresista o revolucionaria como conservadora y reaccionaria. Su relación directa con la parte patronal expresa las luchas entre capital y trabajo en un contexto específico, de donde el reconocimiento legal de su existencia también lo es de la contradicción entre los intereses de las clases sociales fundamentales en la estructura social. En ese sentido, la legalidad de la acción proletaria está sujeta a la correlación de fuerzas entre los polos de clase, por lo que no es extraño que los trabajadores deban emprender acciones que sirvan de freno a los apetitos del capital. El ejercicio del derecho a huelga es una de sus manifestaciones.

En la medida en que los estudiantes universitarios entiendan lo que está en juego y cuáles son las características de la lucha, sus acciones, derechos y obligaciones tendrán la justa dimensión en el microcosmos que llamamos universidad.

Resulta que la izquierda no se manifiesta con poses documentadas en fotografías sino en prácticas que bien pudieran ser modestas, pero reveladoras de una vocación indeclinable por servir a las causas del proletariado en su marcha hacia una sociedad más justa e incluyente. En este sentido, vale la pena preguntar cuántos de los universitarios se pueden llamar con justicia de izquierda. Como se ve, la lucha es larga, quizá abrumadora, pero el primer paso para la organización que se define de izquierda militante es la autocrítica permanente, el estudio de la realidad social, política y económica de nuestro entorno, la modestia personal y la acción colectiva disciplinada y consistente. Debemos caer en manos de la congruencia, no en las redes del mercado y sus valores individualistas y diluyentes. 

La ninguneada rectoral

Como sabrá el culto lector, el día 25 se debieron haber dado cita frente al  edificio del Congreso del Estado los representantes de los sindicatos universitarios, el rector de la Universidad de Sonora, Heriberto Grijalva Monteverde y los estudiantes constituidos como grupo de observadores del proceso de negociación que se supone debiera estar llevándose a cabo. Los trabajadores y los estudiantes acudieron puntualmente al llamado que hicieron los organizadores, mientras que el representante de la administración universitaria brilló por su ausencia.

La ninguneada rectoral echó por tierra la esperanza de que en ese momento se iniciaran, de cara a la opinión pública, las aproximaciones necesarias entre las partes involucradas para que el conflicto se resolviera en el breve plazo y los afectados se llevaran la experiencia de haber finalmente arribado a puerto seguro en las cada vez más complejas relaciones entre administración y trabajadores. La ausencia del señor rector quizá sirva para ilustrar qué parte del binomio sostiene la negativa al diálogo y cuál falaz puede ser la declaración de estar dispuesto a retomar las negociaciones.

Aunque el asunto a estas alturas pudiera resultar redundante, no está de más subrayar el hecho de que el rector Grijalva parece estar siendo víctima de su propia negativa inicial de negociar en condiciones por él calificadas de inapropiadas, a juzgar de que mantiene inflexible su postura de no negociar “bajo presión”, entendido por esto la toma de instalaciones que hicieron los del STEUS afectando al tránsito vehicular y las labores administrativas por unas horas.  De acuerdo a lo anterior, parece apostarle a tirar de la cuerda hasta que se rompa, sin considerar que se lleva de corbata a los estudiantes, la confiabilidad de la administración y el clima organizacional universitario.

La postura de las autoridades universitarias parece coincidir con la del gobernador Padrés, en el sentido de no mover un dedo a favor de la máxima institución educativa y, sin embargo, decir que se apoya a los estudiantes a cambio de ilegitimar la huelga de los trabajadores; es decir, recurrir al argumento de la huelga como si ésta fuera algo ilegal, estorboso e inconveniente para el futuro institucional.

Ante esta realidad, no queda más remedio que sospechar que el asunto de la huelga está siendo aprovechado para dar curso al proyecto neoliberal de desmantelar los sindicatos y dejar a los trabajadores a merced de la parte patronal, siempre ávida de trabajo gratuito o escasamente remunerado, como lo puede revelar el contenido de la reforma laboral y educativa peñanietista, que convierte en práctica legal la abusiva sub-contratación que evita el reconocimiento de la antigüedad laboral y abarata al máximo las pensiones y jubilaciones.

En este enredo sale a flote la privatización silenciosa de que son víctimas las instituciones de educación superior desde los años 90 y que se ha profundizado en la última década, generando un entorno laboral donde los jóvenes que acuden al mercado de trabajo no pasan de ser recursos desechables que, al llegar a su fecha de caducidad laboral por edad o salud, son expulsados del sistema como si fueran pañales desechables.

Si le parece exagerada la expresión, trate de relacionar la campaña contra las organizaciones de trabajadores en el nivel nacional con la falta cada vez más notoria de recursos para una jubilación digna. En el caso de Sonora vemos con asombro el inédito caso de la desaparición de más de dos mil millones de pesos del fondo de pensiones y jubilaciones del Isssteson. El colmo del asunto es que ni siquiera responden las llamadas que los trabajadores hacen al área de pensiones de dicho instituto. Como por arte de magia el teléfono suena ocupado y simplemente se corta la llamada.

Las consecuencias de tal desatino son impredecibles, los efectos en la paz y la tranquilidad social y política de la entidad son, desde cualquier punto de vista, inaceptables, aunque quizá para los jóvenes solicitantes de empleo ahora no signifique gran problema, pero sin duda alcanzará niveles alarmantes cuando el joven contraiga responsabilidades familiares, enferme o tenga alguna urgencia. Ahí se dará cuenta que carece de prestaciones sociales, que la salud es importante y que no cuenta con ninguna protección porque su contrato es por tiempo determinado, obligado a firmar un finiquito donde renuncia a todo derecho.

Los actuales estudiantes universitarios quizá no vean la negrura de su destino y probablemente consideren que son exageraciones las luchas de los trabajadores por mejores condiciones de vida. Ya llegará su hora de querer la protección de las leyes y gozar de la seguridad de una pensión decorosa. Su pasividad e indiferencia presente será la dolorosa carga que llevarán como egresados, de suerte que todo apoyo a los trabajadores es invertir en el propio futuro.

Llama la atención que previo al proceso de transferencia de inmuebles al Isssteson no se haya dado una clara y pública aclaración de dónde quedaron los miles de millones que desaparecieron del fondo para pensiones y jubilaciones, y que no se hayan hecho las investigaciones y fincado responsabilidades de acuerdo con la ley. Tal situación invita a suponer que la opacidad y la impunidad  son la regla en el cumplimiento de las responsabilidades públicas, lo cual nos pone en la primera línea de corrupción e ilegalidad en el manejo de los recursos del Estado. ¿Alguien, algún día, dará cuenta de estos escandalosos hechos?

Como detalle curioso, el Secretario del Trabajo de Sonora considera que la huelga universitaria es “anómala” porque no se siguió el orden acostumbrado, ya que, según refiere, “primero es la revisión contractual y luego la reclamación de las cláusulas violadas”. Independientemente de la extrañeza de la parte oficial, debe quedar claro que la huelga es legal y que, tanto las autoridades laborales como el propio Congreso del Estado, han exhortado a las partes para que se reúnan y lleguen a acuerdos que permitan la normalización de las actividades universitarias.

Por lo pronto, los trabajadores ya han demostrado a la sociedad su voluntad de diálogo, sólo falta que la administración universitaria decida retomar el camino de las negociaciones, en bien de nuestros jóvenes. 

El problema de fondo

En el portal de la Universidad de Sonora aparece el 19 de marzo la nota informativa donde el rector explica las causas de la huelga, y en ella destacan los siguientes dos párrafos:

El problema de fondo, añadió el rector Grijalva Monteverde, es que esta Rectoría no está de acuerdo con la práctica recurrente de ambos sindicatos de cerrar la Universidad y suspender actividades como método normal de presión ante cualquier diferendo con las autoridades, y de tener cada año a la institución contra la pared.

El negociar bajo este esquema de presión ante la toma de instalaciones o la inminencia de una huelga, ha llevado a la Universidad a ser rehén de sus sindicatos. Contrario a lo que se esperaría, la experiencia nos señala que aun cuando la institución, a través de los años, ha cedido a las peticiones y demandas, las dirigencias sindicales siguen promoviendo la huelga como su primer opción de negociación (http://www.uson.mx/noticias/default.php?id=16600).

De acuerdo a lo anterior, puede interpretarse que no es posible que la huelga vaya a terminar en el corto plazo ya que para el representante legal de la institución la negativa al diálogo con los sindicatos obedece más bien a una especie de correctivo disciplinario. En otras palabras, el rector les está dando una lección a los sindicalistas para que en lo sucesivo se lo piensen dos veces antes de osar ejercer los medios de lucha y presión que la propia legislación laboral permite. 

Así las cosas, el rector, en un esfuerzo didáctico, parece empeñado en dejar un legado imperecedero a la institución que por segundo período representa: la administración puede valerse de la suspensión de actividades para demostrar que los sindicatos son los únicos incapacitados para hacerlo, y que sólo corresponde a la autoridad decidir el tiempo y las causas de la suspensión. En cuanto a los estudiantes, solamente serán tomados en cuenta para usarlos en apoyo a la administración contra los intereses y acciones de los trabajadores.

La masa ciudadana no es problema, ya que por atavismos propios de su condición de televidentes de Televisa y TV Azteca, bien pueden pasarla con la idea de que la autoridad siempre tiene la razón y que los trabajadores son flojos, conflictivos y antihigiénicos, a los cuales hay que disciplinar mediante el fácil y cómodo expediente de no verlos ni oírlos, ignorando intentos de comunicación oral y escrita, asambleas, marchas, reclamos de diálogo, y solicitudes de retomar la vía de la negociación. Los ciudadanos por defecto siempre le darán la razón y todo argumento carecerá de peso ante la demoledora revelación de que ellos son los que siempre “recurren a la huelga como primera opción”. 

¿Se ha puesto usted a pensar en qué haría en caso de que el patrón se sirva ignorar sus reclamos? ¿Le bastaría con saber que es un simple empleado y que nada puede contra su jefe? ¿Temería protestar y tomar las instalaciones temporalmente para llamar la atención de la autoridad que lo ignora y se pitorrea de usted por sistema? ¿Vería mal que la autoridad no acceda a dialogar con los trabajadores a fin de llegar a un acuerdo y evitar que la cosa llegue a mayores? ¿Estaría de acuerdo en que la prudencia y el respeto son claves para llegar a acuerdos favorables para las partes? ¿Usted cree que las huelgas son evitables si hay comunicación entre patrones y trabajadores?

Mientras que los trabajadores tratan de hacer valer sus derechos y explican a la comunidad sonorense sus razones y las incidencias de la huelga, y tratan de informar a los estudiantes sobre estos aspectos, el señor rector no cede, porque, según insiste: “no negociamos bajo presión”.

Al parecer, la realidad democrática y de respeto a los derechos humanos que preocupa al grueso de los actores políticos en el nivel nacional e internacional, no ha llegado a convencer al señor rector, quien sigue encerrado en su burbuja de autoritarismo trasnochado y patético. La sociedad sonorense reclama capacidad de negociación, inteligencia y tino para llegar a soluciones que armonicen lo posible con lo deseable.

¿El “problema de fondo” del actual conflicto realmente puede ser solucionado con la misma dosis de torpe intolerancia que atribuye al sindicalismo universitario? ¿Habrá alguien en su círculo inmediato que sepa de historia universitaria y de derecho social y laboral? ¿Tendrá idea del penoso y triste papel que está representando?

A pesar del malhadado manejo del asunto, cabe la esperanza de que el señor rector nos de otro tipo de lección: la de amor a su institución y responsabilidad en el ejercicio de esa pequeña porción de poder de que gozan quienes ocupan el cargo que actualmente ostenta. Su autoridad y pertinencia dependen de lo que decida de aquí en adelante y, sin duda alguna, el camino del berrinche y la cerrazón no son las mejores vías para que una administración se califique como afortunada. El tiempo apremia.

Huelga y conciencia

Gracias a la huelga universitaria nos enteramos de cuánto ha cambiado la idea de los estudiantes acerca de la realidad. En otros tiempos, no tan lejanos, los jóvenes procuraban enterarse de las incidencias de la huelga, los motivos, el derecho que asistía a los trabajadores, lo que se podía hacer para apoyar el movimiento sin interferir en él; ahora algunos se manifiestan con argumentos más propios de la parte patronal, recurren a recursos de carácter legal para frustrar la lucha laboral y promueven amparos, con lo que objetivamente están contra el ejercicio de un derecho consagrado por la legislación y, por ende, en apoyo a la administración universitaria que endurece su postura y ataca en distintos frentes periodísticos a los huelguistas tratando de desacreditar su lucha.

Las declaraciones del rector de la Universidad de Sonora revelan una insidiosa voluntad destructiva al trivializar los frustrados intentos de negociación de los trabajadores ya que la institución “no cederá a presiones”. En el discurso de la administración muchas veces repetido por los medios de comunicación reluce el desprecio, la irritación y una terquedad inusual en quienes han ocupado el cargo de rector universitario. Se construye una imagen caprichosa e irresponsable del sindicalismo, de individuos que no tienen llene ni conciencia institucional, de prácticamente salteadores que tienen “secuestrada” a la institución y que sólo la mano firme del que dice categóricamente que “no va a negociar” en esas condiciones la puede salvar.

El rector transmite hartazgo, indignación y una determinación que pudiera resultar convincente si no fuera porque en la universidad las cosas funcionan de manera distinta de como las plantea. Dice que los sindicatos tiene como primera opción de negociación la huelga, para rematar con la afirmación de que no existen elementos que justifiquen su estallamiento y su sostenimiento. Ignora de cabo a rabo las veces que la administración ha dejado plantado a los trabajadores en la mesa de negociaciones, los pretextos para cancelar reuniones y la injustificada ausencia de interlocución para con el sindicato. No menciona que la administración se ha negado a siquiera recibir documentos que venga del sindicato y que la política ha sido de puertas cerradas y oídos sordos a los llamados a sentarse a la mesa a discutir las posibles salidas al conflicto.

En cambio, la administración se esfuerza por trivializar la huelga, sus motivos y su dinámica. Niega la razón que asiste a los huelguistas y trata de aparentar que es producto del capricho y la falta de compromiso con la institución. Pone por enfrente de la opinión pública a los miles de estudiantes que se encuentran sin asistir a clases, en calidad de víctimas a quienes se les afecta casi intencionalmente, por el simple hecho de que los trabajadores ejercen su derecho a suspender temporalmente las actividades de la institución en la que prestan sus servicios. Alientan las autoridades la falsa y peligrosa idea de que los jóvenes deben oponerse a los trabajadores porque con ello están defendiendo su universidad, su derecho a estudiar, su deber de futuros profesionistas, sin aclararles que nadie les coarta ese derecho, que la suspensión es temporal y que nada tiene que ver con el derecho al estudio, ya que lo conservan y permanece mientras que el alumno cumpla con las disposiciones establecidas en el reglamento escolar.

La apariencia firme del rector suena a broma pesada si pensamos en la extrema debilidad que la administración ha manifestado al no ser capaz de reclamar categóricamente el monto del subsidio que legalmente le corresponde y que el gobierno del Estado no ha sido capaz de otorgarle. La administración universitaria no ha abierto la boca para reclamar la parte que le corresponde a los servidores universitarios de los más de mil millones de pesos que faltan en el fondo de pensiones del Isssteson; nada ha dicho ni hecho para intervenir en favor de los trabajadores universitarios que se han quejado por el pésimo servicio de salud que reciben, por la ausencia de medicamentos y materiales necesarios para su atención hospitalaria. No se ha movido un solo dedo para señalar las carencias y fallas en el servicio de Isssteson ni mucho menos para exigir que se investigue el desfondo y se deslinden responsabilidades.

El silencio de rectoría ha sido un silencio cómplice, omiso de responsabilidades institucionales, débil y medroso a la hora de exigir el estricto cumplimiento de las obligaciones del Gobierno de Sonora para con la Universidad. En cambio, se lanza contra los trabajadores, despotrica contra el derecho a huelga, se niega al diálogo, se refugia en la imagen institucional para blandirla contra sus trabajadores. En estas circunstancias vale preguntar quién secuestra a quién.

Llama la atención que siendo un universitario, el rector olvide cómo es la vida cotidiana fuera de las refrigeradas y cómodas oficinas del edificio principal, qué se siente recibir el sueldo de un simple maestro, sin firma en restaurantes ni secretarias, guarura o chofer y trasladarse en un vehículo compacto en vez de navegar en una burbuja refrigerada con espacio y comodidades como para trasportar a una familia de seis miembros, subrayando la diferencia entre un Nissan o un bocho y una Suburban.

Para el rector la huelga no tiene justificación, la Secretaria Administrativa está bien y los trabajadores están mal. Desde la comodidad de una posición que le fue concedida por la Junta Universitaria bien puede ignorar a los simples mortales que trabajan en la institución que representa legalmente, por eso puede decir en una expresión radical de autismo administrativo: “no cederemos a presiones”. La comunidad es lo de menos, los estudiantes pueden caer víctimas de la tensión nerviosa, acelerarse y servir de carne de cañón contra los trabajadores y a favor de la administración que parece imposibilitada a “ceder” y sentarse  a la mesa de las negociaciones. Los que sufren las consecuencias son otros, la administración vive en su propio planeta y bajo sus propias determinaciones.

El drama universitario se define por la desarticulación de sus partes, por la distancia que se incrementa entre administración y comunidad académica, trabajadores manuales y administrativos y estudiantes. Pero, como el rector afirma con energía fotogénica, “no cederemos a presiones”. Mientras esto ocurre, 30 mil estudiantes empiezan a entender que el diálogo y la negociación sólo se dan cuando una de las partes es puesta de rodillas y alguien demuestra quien es el jefe. El garrote de la ley aplicado al gusto del patrón siempre ha sido un recurso apreciado por las dictaduras. ¿Un neoporfiriato universitario, o simplemente un paso más hacia la instauración del modelo neoliberal en la universidad? La coincidencia es mucha como para no llamar la atención.

Diálogo en la Universidad

“Un diálogo describe una conversación entre dos o más individuos que exponen sus ideas o afectos de modo alternativo para intercambiar posturas. En ese sentido, un diálogo es una discusión o contacto que surge para lograr un acuerdo” (www.definición.de/dialogo).

Con el ánimo de propiciar el necesario encuentro entre administración universitaria y sindicato STEUS, los trabadores académicos de la Universidad de Sonora convocaron a un diálogo que reunió a estudiantes, académicos, trabajadores manuales y ciudadanos comunes, faltado la presencia de los funcionarios, diputados y representantes de la administración universitaria. La cita fue frente a las instalaciones de la Alma Mater, en la plaza Zubeldía, a la que acudieron una buena cantidad de personas auténticamente interesadas en la solución al conflicto que el viernes 14 cumplió dos semanas.

Las participaciones de los estudiantes, trabajadores y académicos coincidieron en un punto importante: la huelga es legal y los reclamos son justos, y existe la voluntad de apoyar a los sindicalistas en huelga sin dejar de lamentar la ausencia de la parte representativa de la administración que encabeza el rector Heriberto Grijalva Monteverde.

En ningún momento se observó la negativa a intercambiar puntos de vista sobre posiciones político-laborales, sino que privó el respeto y el ánimo de solucionar los problemas y regresar de nueva cuenta a las labores propias de la institución universitaria, de lo cual dieron fe los estudiantes y trabajadores que expusieron sus puntos de vista sobre el tema convocado.

Tras poco más de dos horas, se dio por concluido el encuentro y reiterando su llamado a las autoridades para que asistan de cara a la sociedad a dialogar de manera libre, respetuosa y universitaria. Se espera, entonces, que la administración universitaria de la cara, se digne retomar el diálogo con los trabajadores y que honre la preocupación que dice sentir por los estudiantes en el terreno de los hechos.

A pesar de la disposición de la parte sindical, la rectoría parece empeñarse en desairar los llamados al diálogo mediante declaraciones suficientemente claras y tajantes: “no cederemos a presiones”. Al parecer la burbuja de vanidad, desprecio y cerrazón se resiste a estallar y dejar al descubierto lo que queda del espíritu universitario que probablemente existió en las mentes de los funcionarios administrativos de la Máxima Casa de Estudios de Sonora.

Ante esta situación, resulta ridículo no tomar una posición a favor de los trabajadores, ya que tratar de permanecer neutral sólo se explicaría mediante una actitud socialmente indolente y decidir estar en contra significaría que la parte patronal cuenta con la justificación social de atropellar los derechos de los trabajadores. Es en este sentido que quien esto escribe se pronuncia a favor del sindicalismo universitario, y más considerando que la clase trabajadora es quien tiene y debe tener los mejores derechos históricos en la transformación de la sociedad.

Industria textil

La historia nos enseña que no ha sido la clase gobernante y sus intereses los que han transformado a las sociedades humanas en un sentido progresista y con claro compromiso humano: han sido las masas oprimidas quienes han determinado el rumbo de la totalidad social en busca de mejores condiciones de vida y eso, junto con el hecho innegable de que los trabajadores han aportado las innovaciones técnicas y científicas que permitieron el gran salto tecnológico de la época antigua a la modernidad no sólo productiva sino social y política del mundo que hoy tenemos. ¿Quiere algunos ejemplos? Baste recordar algunas de las revoluciones tecno-científicas y políticas que han definido lo que somos: la Industrial inglesa, la francesa, la independencia de Estados Unidos; la revolución bolchevique, la mexicana, así como en su dimensión el movimiento huelguístico de cananea; la expropiación petrolera cardenista; así como la revolución cubana y la islandesa.   

Revolución Francesa

De hecho, el sistema que domina en una sociedad tiende tarde o temprano a generar contradicciones cada vez más profundas y antagónicas, lo que lleva al estallido social y a las grandes transformaciones que conforman una nueva mentalidad acerca del cómo y para qué hacer las cosas. El pretender que los sistemas sociales son estáticos, que son de una vez y para siempre es, por lo menos, una ingenuidad histórica y un absurdo intelectual. La sociedad se mueve, cambia, se transforma y no lo hace por obra de algún espíritu mágico, sino por el trabajo que forma al hombre nuevo que impulsa una sociedad nueva también.

Si hoy los trabajadores están en lucha por mejores condiciones de vida y de dignificación de su clase social, debemos entender que la historia no se detiene y que los sistemas no son ahistóricos, de donde es fácil concluir que la lucha social es una necesidad transformadora de la humanidad, y un acto de legítima defensa de nuestra esencia como seres inteligentes y racionales. No se puede ser imparcial en asuntos que atañen a nuestra naturaleza social y humana.

Revolución Mexicana

El apoyo al sindicalismo universitario y, en general, de los trabajadores mexicanos tiene el aval irrefutable de la historia social y política de las naciones por mejores condiciones de vida y de respeto a los derechos humanos fundamentales. No podemos permanecer imparciales ante el avance social so pretexto de lo “políticamente correcto”, y condenar nuestra inteligencia a la muy anodina y artificiosa condición de simple espectador.

Estimado lector, apoyar a los trabajadores en lucha es apoyar a la totalidad universitaria como ente social transformador, es apoyar la formación de nuestros hijos como ciudadanos conscientes de su papel social y político, lo que de seguro contribuirá en la construcción de una sociedad justa e incluyente. Cabe recordar que el futuro laboral de los estudiantes depende de los logros de los trabajadores de hoy. 

Los costos de la huelga

No hay duda que entre más se vive más se aprende. Ahora tenemos la increíble oportunidad de seguir paso a paso las incidencias del acontecer universitario a través de la transparencia de los costos de un evento laboral que, a estas alturas, se tiñe con los colores parduzcos del fascismo de guarache instalado en la administración de la Universidad de Sonora.

En efecto, la administración universitaria nos revela que la huelga cuesta diariamente dos millones de pesos. Que el pago de nómina del STEUS representa algo así como 850 mil pesos diarios y que estos son irrecuperables toda vez que la institución encuentra paralizadas sus actividades.

Por otra parte, la rectoría en voz de la Secretaria General Administrativa manifiesta que el pago de salarios caídos durante el período de inactividad corre peligro, “porque es política nacional”, y en ese tenor insta a los trabajadores a levantar la huelga o por lo menos llegar a un acuerdo que deberá por la fuerza de la gravedad caer en lo mismo: el abandono del derecho a huelga por lo que parece una curiosa mezcla de argumentos financieros y de imagen pública ya que se alude el “prestigio institucional” y la voluntad hasta ahora discretamente oculta de negociar con los trabajadores.

Las declaraciones han sido suficientemente confusas como parece ser la idea de universidad que exhiben sus representantes. Por una parte se esgrime el argumento lacrimógeno de que los más perjudicados son los estudiantes, sin reparar en el hecho de que los trabajadores ejercen su derecho a huelga por tener, justamente, la convicción de que su contrato ha sido violado y que, siendo los directamente perjudicados, la ley los faculta a manifestarse de ésta y otras maneras en reclamo a la reparación de las violaciones al contrato colectivo de trabajo.

Por lo anterior, surgen varias interrogantes a las que, supongo, las autoridades tendrán alguna respuesta sin que las preguntas corran el riesgo de ser declaradas inexistentes: ¿por qué se habla de costos diarios y al mismo tiempo del “riesgo” de que el salario de los trabajadores en paro no sea pagado? Si son costos quiere decir que la parte patronal los asume como propios toda vez que figuran en el presupuesto de egresos de la institución y, por tanto, de pago obligado porque responden a una obligación contractual que, dicho claramente, se entiende legal.

Es verdad sabida que el pago de salarios caídos es una obligación de la parte patronal al momento de levantarse la huelga y, de hecho, es una de las condiciones para que tal cosa ocurra. Entonces, ¿por qué se habla del no pago y al mismo tiempo de los costos implícitos en el cumplimiento del pago? ¿Por qué borrar la experiencia laboral de la UNISON y su relación legal con los sindicatos y enderezar una campaña de desprestigio contra la organización de los trabajadores al acusarlos de daño en patrimonio e imagen?

¿Por qué decir que se tiene la voluntad de negociar y al mismo tiempo se promueve un recurso de inexistencia de la huelga, cuestionando su legalidad frente a la opinión pública sonorense? Si es ilegal, entonces ¿cuál es el afán de aparentar ánimo negociador? ¿Por qué amenazar a los trabajadores con la retención del salario siendo que las relaciones entre éstos y la institución se rigen por un contrato colectivo? ¿A qué hora la Universidad se convirtió en una empresa privada donde a los trabajadores se les paga por día trabajado y sin contar con garantías laborales que supongan obligaciones de ambas partes como las establecidas en los contratos vigentes?

Resulta preocupante y francamente absurdo el argüir que el prestigio de la institución depende de la existencia o no de huelgas y paros laborales. La Universidad no requiere de este tipo de defensas que rayan en lo ridículo. De lo que requiere es de una administración sensata, respetuosa de sus principios y valores, de los derechos de sus miembros, celosa de sus responsabilidades y dispuesta a cumplir con el deber de trabajar en apoyo a la creación y difusión del conocimiento, la cultura y la extensión. Es decir, una administración que verdaderamente responda a las características y necesidades de la institución que a lo largo de las décadas ha formado ciudadanos íntegros y socialmente útiles. Al parecer hay distancia entre este modelo de administración y la que realmente se tiene.

En este ambiente artificialmente ríspido vale la pena replantear las cosas, poner en la balanza la defensa de la universidad pública o el cumplimiento de consignas anti-laborales; los costos en dinero ya presupuestado o los correspondientes a la solución del conflicto por la vía del derecho y la buena voluntad. Un buen paso sería el que la administración dejara el tono de confrontación y sinceramente tratara de acercarse a la contraparte trabajadora en busca de una solución que sea digna y benéfica para todos.