Tema en construcción

                              “La verdad nunca daña una causa que es justa” (Mahatma Gandhi).

El pasado viernes 15, a las nueve de la mañana, nos situamos en la planta baja del Edificio Principal de la Unison, con el fin de protestar por la suspensión ilegal de los trámites de jubilación o pensión que afectan a más de 150 trabajadores universitarios entre manuales, administrativos y académicos. Se había citado a un mitin y rueda de prensa, pero hubo cambio de programa y no se dio el encuentro con los medios.

Pocos minutos después de la hora citada el orador designado explicó la grave e irregular actitud del Isssteson de detener un proceso que es legal, legítimo y constituye una obligación del Instituto en los términos de su misión. La seguridad social de los trabajadores no puede ni debe tomarse como moneda de cambio y ser condicionada por razones ajenas al propio contrato de prestación de servicios vigente, y constituye una clara violación del procedimiento establecido.

Según la Ley 38 del Isssteson, la Junta Directiva dispone de un plazo de 30 días después de integrado el expediente para dictaminarlo, y 30 días más para ser firmado por el gobernador del Estado. Pues todo bien, sólo que el expediente puede dormir el sueño de los justos en alguna gaveta entelarañada en espera de que a alguien se le ocurra revisar e integrar los documentos y turnar el expediente a la citada Junta Directiva para su análisis y aprobación. Hay quienes tienen un año esperando su dictamen.

Pues de ese tiempo perdido se ha servido el director Claussen como mecanismo de presión a los organismos afiliados para que accedan a firmar un nuevo convenio, cuya finalidad es la de conseguir recursos a costa de los trabajadores, al aumentar las cuotas para compensar el saqueo del fondo pensionario perpetrado por la anterior administración estatal. El citado funcionario prometió públicamente, el pasado 14 de marzo, que “al día siguiente” se regularizaría la situación de los trámites, estando reunidos los dirigentes de los dos sindicatos universitarios y un grupo de trabajadores que nos manifestamos frente al edificio del Instituto.

Ese “día siguiente” tuvo una actualización el día 29 de agosto, cuando el funcionario dijo que “en 72 horas” fluirían los expedientes y los 519 casos pendientes en el Estado se resolverían. Vale la pena subrayar que, tras la sesión de promesas y apapachos, pidió a los secretarios generales de los diversos sindicatos reunidos que promuevan “la firma del nuevo convenio”. Hasta el momento (sábado16 de septiembre), no hay resultados y la “solución en 72 horas” sigue siendo otra tomadura de pelo.

Tras el mitin se entregó un escrito con las demandas en la Rectoría de la Universidad de Sonora, llamando la atención la actitud relajada y comunicativa del funcionario encargado de recibir a los manifestantes. Comentó que la institución está haciendo las gestiones necesarias para que el problema de los expedientes se resuelva y que las manifestaciones públicas y la presión de los trabajadores no están de más para agilizar las cosas. Según los comentarios, tiene muy claro que la presión de Isssteson por la firma de un nuevo convenio es con la finalidad de “fondearse” a costa de los trabajadores y los organismos afiliados, coincidiendo en que tal instrumento es abusivo.

Ya en la planta baja, cuando la comisión estaba a punto de abandonar el edificio llegó el Rector y se estableció un intercambio de ideas sobre el problema de las jubilaciones y del propio convenio. La actitud fue receptiva, y dejó entrever que ya se han analizado las implicaciones de la firma porque explicó que, en el nuevo marco de relaciones propuesto, los trabajadores de menos de 25 años de servicios pagarían una cuota diferencial pero los nuevos tendrían que cubrir el 100 por ciento de la cuota para poder obtener la pensión completa. Los trabajadores de 26 o más años de antigüedad pagarían lo mismo para recibir lo mismo. Sin embargo, expresó la idea de que no hay que hacer ruido “para no afectar los trámites” de los expedientes pendientes.

Según se ve, el tema de la seguridad social aún está en construcción en la mente de los afectados de hoy, del mediano y del largo plazo. La “conciencia social” pasa por la urgencia que un individuo siente en el momento en que algo lo afecta. Cuando el destino lo alcanza entonces acude al sindicato, expresa su problema, pega de gritos y exige soluciones. Mientras no le llegue al pellejo, el mundo puede rodar y rebotar por donde caiga. Los placebos o las soluciones ofrecidas por el sistema son aceptadas por una buena cantidad de gentes, mientras que el asumir una responsabilidad social que no les afecte, aquí y ahora, da flojera, cansa de sólo pensarla, es cosa de aquellos de enfrente que siempre andan metidos en grillas; aunque no faltan expresiones ratoneras como eso de “yo ya cumplí, ahora toca a otros”, forma elegante de decir “ahí se la echan”.

Para quienes dirigen las instituciones, la consigna es no pisar callos en el gobierno, ser una pieza más en el juego de complacencias montado para no dañar la imagen pública del gobernador en turno: reclamar poquito y de buena manera, sofocar disidencias y planchar el camino para el lucimiento de quienes ostentan el poder. Las leyes, el deber, son lo de menos. Esta conducta se puede observar también entre los dirigentes sindicales, aspirantes algunos a reciclajes permanentes, que ponen por prioridad engordar y servir “al patrón”, al “preciso”, sin pararse a considerar el mandato de sus estatutos y las necesidades de sus agremiados. En ellos se ve claro el poder de la colonización ideológica que penetra en las mentes débiles que son fácil presa de la ilusión de formar parte del aparato de dominación, aunque sea periféricamente. La conciencia social y la lucha ciudadana también son asuntos que están en construcción.

Antes de iniciar el mitin frente al edificio de Rectoría, no faltó quien manifestara en conversación de corrillo su decepción por la escasa participación del sindicato, su cansancio por tanta apatía, su hartazgo de corruptelas ratoneras y traiciones enanas. Le recordamos que el sindicato somos todos, que las dirigencias no son propietarias ni de la organización ni de nuestras conciencias; que, si hay que nadar contra la corriente lo haremos hoy, mañana, y siempre que sea necesario. Los rostros de las dos valiosas y respetables maestras con las que conversábamos dejaron ver un rayo de luz esperanzada en ese futuro que podemos y debemos construir. La seguridad social es asunto de todos y su defensa también. Sólo así será posible una vejez con futuro.  

Firmas y te vas

         “Una cosa no es justa por el hecho de ser ley. Debe ser ley porque es justa” (Montesquieu).

Los nuestros son tiempos difíciles, tiempos complejos en los que las ganas de abandonar la trinchera pueden ser tentación recurrente y reclamo en el futuro inmediato de los sindicalistas cuyas organizaciones se consideran y ostentan como independientes. La marea de las presiones del sistema ideológico y político neoliberal calibra constantemente las fuerzas y voluntades de sus opositores, de aquellos que no consienten ser las víctimas del avance de la privatización de las condiciones y normas que rigen las relaciones laborales y sociales.

Tiempos en los que las fisuras ideológicas y políticas de los actores en el drama de la defensa de los derechos laborales y sociales devienen grietas profundas cuando falta el cemento de la convicción y el compromiso, la entrega a un ideal superior que nos abarque a todos, que nos pueda unir en un abrazo solidario e integrador, profundo e incluyente. Tiempos también de separar el grano de la paja, lo sustantivo de lo accesorio y de centrar la atención en los aspectos esenciales de nuestros reclamos y marchar con decisión en busca del cumplimiento de nuestras demandas y del reconocimiento de nuestros derechos y conquistas laborales.

Son tiempos para el sindicalismo universitario en los que los principios de democracia e independencia sindical pueden reafirmarse o, por el contrario, quedar como una expresión hueca en las páginas del estatuto sindical porque hubo fuerzas coyunturales capaces de favorecer el interés patronal o gubernamental por encima del gremial e institucional. Así, mientras que el  primer principio nos advierte y salvaguarda de las decisiones “unilaterales, caprichosas y arbitrarias que tengan como finalidad única y exclusiva la adaptación de una decisión que sólo traiga beneficios y privilegios personalistas o de una minoría” (punto IV de la Declaración de Principios del STAUS), el segundo reconoce “la capacidad de fijarnos como grupo, nuestros objetivos y metas y las acciones para alcanzarlos” y confirma nuestra independencia “orgánica, funcional, política e ideológica frente a las distintas estructuras reales de poder” como son las “autoridades universitarias, el poder público, los partidos políticos, los poderes religiosos, las centrales, federaciones y confederaciones que persigan propósitos de mediatización, control y dominio de diferente tipo” (punto V de la Declaración de Principios del STAUS).

Son tiempos en los que la solidaridad debe extenderse y practicarse en apoyo a los trabajadores y a la defensa de sus derechos, porque no somos nada sin el compromiso de todos; así pues, el sindicalismo universitario entiende la necesidad de incorporarse a la lucha por mejores condiciones para las clases trabajadoras y afirma su “propósito inquebrantable de contribuir, sin limitación alguna, al logro de la unidad de las clases trabajadoras del País” (punto VI de la Declaración de Principios del STAUS).

Un aspecto central de los enunciados que orientan el pensamiento y la acción de los sindicalistas universitarios está en la certidumbre de que la Institución no es una isla, sino que está inmersa en una sociedad cambiante y, sin embargo, debe preservar su identidad, mantenerse fiel a su origen y aquilatar sus principios, fines y tradiciones, de ahí que se defienda la autonomía universitaria, entendida “no como una disgregación o separación del contexto de la sociedad, sino como la capacidad de autogestión universitaria, para poner a la institución al servicio del pueblo” (punto VII de la Declaración de Principios del STAUS).

Así pues, tenemos una organización gremial que se compromete a observar y defender los principios de la independencia y democracia internas; la solidaridad con las clases trabajadoras y la autonomía de la institución a la que sirven y de la que constituyen la parte viva y dinámica. Estos son los cuatro pilares fundamentales del sindicalismo universitario. Pero son tiempos de revaloraciones y redefiniciones, tiempos de reacción consciente a las agresiones del neoliberalismo en las instituciones de educación superior y en todos los subsistemas que integran la educación nacional. Tiempos, pues, de abandonar la comodidad de las inercias y la modorra de lo “políticamente correcto”, del servilismo lacayuno y de las complicidades con las disposiciones, apetitos y deseos de la autoridad.

Tiempos de decir basta y de plantarse ante quienes propugnan por la cancelación de los derechos sociales y laborales de los trabajadores e impedir su avance, tiempos de lucha y oposición a la mercantilización de los servicios de salud y la seguridad social por quienes saquean los recursos de  los fondos pensionarios y sus cómplices que hacen cuentas de los ingresos de los trabajadores para aplicar descuentos criminales que profundizan el deterioro de la capacidad adquisitiva y la calidad de vida de las familias. Tiempos, en fin, de hacer valer la palabra escrita como el testimonio de los compromisos que sentimos como propios y cuyos valores defendemos.

En el aquí y ahora de los universitarios, frente a fuerzas retrógradas e injerencistas, existe y se manifiesta la oposición al absurdo propósito de firmar un nuevo convenio de prestación de servicios de seguridad social entre Isssteson y la Universidad de Sonora. Oposición que no se basa en el capricho o la ignorancia, y que no se guía por la conveniencia falsa de plegarse a los espejismos de soluciones que en realidad no lo son. A los trabajadores de la Unison les asiste el derecho de hacer valer un Contrato de prestación de servicios legal, válido y vigente, de donde resulta un absurdo monumental firmar un nuevo instrumento que les quita derechos y les impone nuevas cargas a sus ingresos. Los platos rotos del desfondo pensionario son responsabilidad del gobierno y no de los trabajadores.

Por elemental congruencia, por dignidad, por responsabilidad histórica, se debe defender la independencia y la democracia sindical, la solidaridad con los trabajadores que están afiliados al Isssteson, y la autonomía universitaria frente al poder público que presiona a la Institución (y a otras en condiciones similares) al detener y lentificar los trámites de las pensiones y jubilaciones de sus trabajadores, con el bajuno propósito de hacerla firmar un convenio inadmisible. Son tiempos de defensa incondicional del verdadero sindicalismo, tiempos de sacar la cara por la Universidad, tiempos de separar el trigo de la paja.

La lucha por la seguridad social

“Justicia es un firme y constante deseo de dar a cada uno lo que le es debido” (Justiniano).

A inicios de la última semana de agosto, el director de Isssteson se comprometió ante representantes de varios sindicatos locales que, en un plazo de 72 horas, se resolverían los 519 expedientes de trabajadores con trámite estancado para sus jubilaciones o pensiones. Se turnarían a la jefa de pensiones del Instituto para ver si no tienen faltantes de documentos y, de ahí, pasarían a la Junta Directiva que en sesión extraordinaria pudiera decir sí o no a su tránsito al escritorio de la gobernadora del Estado, para la firma del dictamen correspondiente. Si tal cosa ocurre, las solicitudes aprobadas esperarían tres meses para que las pensiones se empezaran a hacer efectivas. En suma, el funcionario se comprometió, tal como lo hiciera en marzo, en resolver el problema de los trámites suspendidos, congelados y fatalmente arrumbados en algún olvidado cesto de papeles.

Al respecto, el párrafo tercero del artículo 59 de la Ley del Isssteson señala que: “El Instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, el Gobernador del Estado revisará y resolverá en definitiva acerca de la solicitud de que se trate, para los efectos que expresa la primera parte del artículo 108 de esta Ley”. Aquí es claro que a alguien le importó un rábano cuidar la “integración del expediente” y jugó con la desesperación de los afectados generando un mecanismo de presión para forzar a instituciones como la Unison a firmar un nuevo e inadmisible “convenio de prestaciones de seguridad social”. Si se jinetea el dinero, con más razón la ley.

Lo cierto es que a nadie conviene que las solicitudes de pensión duerman el sueño de la ignominia burocrática, habida cuenta que los trabajadores que cotizaron durante 30 años o más no tienen por qué conformarse con excusas porque el Isssteson no cumple con su encomienda política y social de garantizarles un resto de vida digno y vivible.   

Para muchos lo que dice el director del Instituto, o lo que repiten los que lo oyeron, es dogma de fe, independientemente de que la realidad tenga un efecto anticlimático en el jolgorio declarativo y en la confianza (apuesta) institucional en la poca memoria de los interesados o, en su defecto, en la apatía de muchos ante la posibilidad de manifestarse, movilizarse y actuar en defensa de sus propios derechos. Más vale promesa en mano que marchar en medio de estos calores y la incierta respuesta de la sociedad que ve pasar a los trabajadores con la misma atención conque lo hace cuando pasa un camión de la basura.

Aquí, muchos afectados encaramados en una posición típicamente pequeñoburguesa y “madura” en los términos del sistema, pueden pensar: “Para qué nos movemos si la cosa va avanzando”, “qué caso tiene manifestarse si ya firmé un amparo para que el juez cumpla con su obligación legal de ordenar a otros que cumplan con su obligación legal”, “si nos ponemos a protestar en las calles a lo mejor afecta el amparo”, “el dirigente nos dijo que era mejor esperar y confiar”, “¿para qué generar fricciones y enfrentamientos?”, entre otras perlas de un largo y recargado inventario de muestras de autocomplacencia y apatía racionalizada y comodona.

Sin el ánimo de juzgar a las personas afectadas, es notoria la diferencia de actitud entre los trabajadores “de a pie” y los de “cuello blanco”. Entre los primeros se aprecia la molestia y queda claro que quieren soluciones sin “rollo”, sin dilaciones ni excusas; en cambio, en los segundos, entre los que se encuentran los académicos que sienten que durante su vida laboral rozaron el umbral de la autoridad y, en el fondo, están identificados con la parte patronal a la que aspiraron pertenecer en las universidades y otros espacios jerarquizados, predomina lo “políticamente correcto”, la afinidad “institucional” por las decisiones de la autoridad aunque ellos de todos modos tengan que pagar los platos rotos de sus abusos.

  

Como mariposillas atraídas por la flama, prefieren orbitar la figura y disposiciones de la autoridad antes que caer en garras de algún arrebato cívico que los haga sospechosos de ser disidentes, opositores o, incluso, enemigos políticos, colmo del horror y ciénaga terrible que traga y sepulta cualquier aspiración futura; por eso no falta quien se apresure a decir: “apoyamos las gestiones y los tiempos marcados por el señor secretario”, “por el director”, “por el jefe de departamento” o “el coordinador de área”… Mientras tanto, la rueda de la ignominia sigue girando por la carretera pavimentada de la indolencia, la complicidad y la evidencia de que no hay conciencia de clase en muchos de los organismos sindicales, aunque sí una cantidad importante de clientelas y simples consumidores de ventajas y prebendas. La dignidad, como lo demás, puede esperar.

La defensa de la seguridad social, cuya vigencia está en juego, es sorprendentemente permeable a las conveniencias, al “qué dirán”, a la imagen de prudencia y mesura que algunos prefieren presentar ante la autoridad que los ignora olímpicamente mientras pasan arrastrando sus miserias por pasillos, antesalas y oficinas de trámite. Por razones misteriosas, se piensa que los que se mueven y pegan de gritos no van a salir en la foto de los bendecidos por la complacencia y generosidad de la autoridad competente, a contrapelo de la experiencia local y nacional que demuestra que la presión, la protesta, la manifestación pública y la lucha legal son complementarias e insustituibles en los movimientos sociales, en el reclamo de derechos violados, en la oposición a las injusticias y en la reivindicación de los derechos que el gobierno coarta, oculta y regatea.

Lamentablemente, muchos trabajadores que alcanzaron remuneraciones relativamente buenas en su vida profesional sienten que no es lo suyo reclamar derechos, porque se les hace muy “populachero” tomar la calle y marchar lanzando consignas y reclamos; suponen que esas cosas son del pueblo que no pasó de las primeras etapas de la educación básica y obtuvo empleos de músculo y sudor en vez de aquellos con oficina, aula, laboratorio y cubículo refrigerado. Sucede que la conciencia de clase responde a la imagen del poder, o a la idea de poder que se tiene y de la proximidad que tenemos con ella, y no del hecho de ser asalariados, dependientes del ingreso quincenal que se nos paga por hacer un trabajo de acuerdo con las reglas que dicta un patrón.

El desclasamiento de muchos académicos tiene que ver con la idea de mundo y de autoridad que se tenga. Un mundo jerarquizado despierta el deseo de escalar la jerarquía para acercarse a la “autoridad”, misma que tendemos a justificar porque constituye, de hecho, el modelo que perseguimos profesionalmente y que nos esforzamos en alcanzar: por eso muchos buscan los postgrados y por eso se aceptan las evaluaciones externas, las acreditaciones y las certificaciones. Así que, quienes han alcanzado una maestría o un doctorado pueden suponer que corresponde a otros la protesta y a ellos la espera paciente de las decisiones de la autoridad. Las gallinas de arriba barnizan a las de abajo.

La actual lucha por la seguridad social que se da en Sonora en torno a las pensiones y jubilaciones detenidas ilegalmente por el Isssteson va a triunfar. Y los que ahora la sabotean y desacreditan quedarán como los tristes espantajos que pudiendo formar parte de la solución se contentaron solamente con formar parte del problema. Triste papel.