Notas Sueltas es un espacio de opinión sobre diversos problemas de carácter social, económico y político de interés general. Los comentarios pueden enviarse a: jdarredondo@gmail.com

domingo, 21 de enero de 2018

Las cuentas que cuentan

“La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes” (Martin Luther King, Jr).

Como usted sabe, el instituto encargado de la seguridad social en Sonora (ISSSTESON) cuenta con un boquete en sus fondos pensionarios que no se debe a que son muchos los pensionados y que no han contribuido lo suficiente, sino a que desde el gobierno se emprendió un saqueo sistemático que al término del sexenio de Padrés alcanzó cinco mil millones de pesos aunque la cifra puede ser más alta, lo que es irrelevante ante la importancia de la acción y los medios que se emplearon para logarla y el destino del dinero.

El 2005, con la reforma a la Ley 38, el tiempo de cotización y los montos a pagar por parte de los organismos afiliados y sus trabajadores aumentaron sin que hubiera una razón suficiente y necesaria salvo la de garantizar el dispendio oficial y el encarecimiento de los servicios de salud y el acceso a prestaciones que siendo de justicia laboral y social el Estado debe garantizar. La reforma boursista tuvo un claro interés recaudatorio sin dar a cambio ni mejores servicios ni mayores prestaciones, por lo que se puede considerar en términos netos como una reforma regresiva que relativizó el ejercicio de los derechos de los trabajadores e indujo a aceptar como fatalidad su disminución a la par que la necesidad de emplear cada vez más los servicios privados en salud, farmacia, radiología, hemodiálisis, entre otros. El interés evidente fue el de hacer ingresar más dinero, así como hacer avanzar solapadamente un modelo de asistencia social privada al disminuir la responsabilidad del Estado por la vía de las subrogaciones.

Una consecuencia clara de la reforma fue la de plantear la actualización de los contratos de prestación de servicios entre los organismos afiliados y el ISSSTESON. En este tenor, el Instituto se ha valido de mecanismos de presión tanto ilegales como ilegítimos para forzar la firma de los nuevos convenios que modifiquen las condiciones de acceso y cobertura de los servicios y se ajusten a los fines recaudatorios emanados de la reforma y exigidos por el propio Instituto. La presión ha alcanzado el absurdo de amenazar con la suspensión unilateral de los efectos del contrato vigente si en un plazo perentorio no se firma el nuevo convenio, en una acción de evidente ilegalidad que constituye un atropello a los derechos de los trabajadores afiliados y una afrenta a la sociedad sonorense.

El problema que se plantea es simple: los trabajadores y los organismos afiliados aportan un porcentaje de su sueldo que les es descontado cada día de pago, de manera que el dinero recaudado ingresa al fondo que administra el ISSSTESON mes tras mes y año tras año durante la vida útil de cada generación de derechohabientes, sin embargo, el Instituto exhibe un hueco financiero producto del manejo fraudulento de sus fondos y opta por cargar contra sus afiliados, exigiendo el pago de cuotas más altas; sin embargo, pese a que se denunció públicamente el saqueo de los recursos que son propiedad de los trabajadores, aún no existe un proceso serio de recuperación del faltante y, en consecuencia, los delincuentes gozan de impunidad en el aspecto político y patrimonial.

La anterior situación ha llevado a los organismos afiliados a eventualmente ceder al capricho del ISSSTESON, mediante el acatamiento de exigencias de dudosa calidad moral y legal emanadas de su Junta Directiva. Así, el temor inducido de perder los servicios termina provocando la renuncia de derechos a cambio de soluciones falsas guiadas por las apariencias de conveniencia y las decisiones no informadas, sin excluir la colusión de funcionarios en busca de beneficios personales.

A estas alturas es claro que el actual gobierno no entiende la trascendencia de mantener vigente el derecho de los trabajadores que ha llegado a la amenaza de la suspensión de servicios a quienes no firmen el nuevo convenio, fijando plazos que finalmente son dejados sin efecto o prorrogados, lo que genera incertidumbre y temor entre los organismos afectados. Tales medidas intimidatorias revelan una profunda falta de respeto por parte de las autoridades y una ausencia preocupante de legalidad. Si existe un contrato vigente, el ISSSTESON carece de derecho para suspenderlo de manera unilateral.

La prueba más palpable de la incomprensión o el valemadrismo oficial es el reciente cambio de titular del ISSSTESON, Enrique Claussen Iberri, que pasó a titular de la Secretaría de Salud, siendo relevado por Pedro Ángel Contreras López. Ninguno de los dos es de profesión médica y ahora, tanto la Secretaría de Salud como el propio Instituto están encabezados por un contador público y un especialista en finanzas, respectivamente. El chiste se cuenta solo.

En serio, ¿usted cree que los problemas de la seguridad social se resuelven con recetas neoliberales de cuenta chiles en vez de que el Estado reasuma sus responsabilidades sociales y utilice adecuadamente los impuestos que pagamos? ¿Acaso no es más lógico emplear la seguridad social como un mecanismo de redistribución del ingreso? ¿No se entiende que el ISSSTESON e instituciones similares son importantes para la calidad de vida de la población a través de los servicios que proporcionan? ¿Dónde quedó la dimensión social y política de la gestión pública?

Estamos en vísperas de las campañas electorales, los discursos políticos, las promesas y el gasto enorme que supone la organización, promoción y desarrollo de los comicios. Tenemos una especie de democracia costosa y dudosa, que absorbe recursos que bien pudieran emplearse para resolver problemas reales en poblaciones reales. No hay duda de que la seguridad social es uno de ellos y que su solución requiere de la mayor atención por ser fundamental para la salud y bienestar de los trabajadores y sus familias.

El gobierno de Sonora debe entender esto, y entenderlo bien y rápido, de otra manera los costos políticos de la torpeza y frivolidad administrativa se tendrán que pagar en las urnas electorales y, esas, son las cuentas que cuentan. Al tiempo.  

domingo, 14 de enero de 2018

Y usted ¿ya se enfermó?

“La salud es la unidad que da valor a todos los ceros de la vida” (Bernard de Fontenelle).

Estamos en temporada de enfermedades de vías respiratorias y se pone de nuevo en el tapete de las medidas preventivas las famosas vacunas contra la influenza y demás cachivaches farmacológicos, lo que resulta un jugoso negocio para las empresas que los comercializan y promueven a costa de sufrir la vergüenza de poner por delante las ganancias antes que la salud. “¡Es el mercado!” dirán algunos, pero las narices rojas, los ojos llorosos y el malestar general siguen viento en popa, más los posibles desperfectos en otras regiones de nuestra anatomía con los consabidos impactos en la salud pública.

No es raro que llegue el enfermo al centro de salud y le digan que chupó faros porque el medicamento indicado no se encuentra disponible, o que salió del cuadro básico y su esquema de seguridad social no lo cubre, así que debe emprender una gira por los anchurosos cauces de la medicina privada y la farmacia que los ofrece a precios de “o aflojas o te jodes”. Ni duda que la demanda es inelástica en ciertos productos o servicios, es decir, que independientemente del precio o tarifa siguen siendo comprados porque no hay de otra, como es el caso de medicinas, combustibles, educación, alimentos, transporte, entre otros.

En estos casos, uno se pregunta ¿qué hay de la cobertura social que el gobierno debe atender y a la cual está obligado por obra de acuerdos internacionales, programas de gobierno y el pago puntual de impuestos por parte de la ciudadanía que trabaja y sufre descuentos en nómina, que paga ISR, seguros colectivos, servicios médicos; o, simplemente, predial, servicios, derechos y aprovechamientos y todo el universo de gravámenes que caen sobre los lomos del precariado laboral que sobrevive como ciudadano?

En este escenario, salta la liebre del empleo e ingreso, frente a los costos de la supervivencia ciudadana. ¿Somos un país que fomenta el empleo decente y la justa remuneración al trabajo?, ¿tenemos un gobierno que protege el esfuerzo productivo nacional y cuida la economía familiar?, ¿hay la cobertura necesaria en salud, educación y cultura?, ¿los servicios de seguridad social responden a las necesidades de sus usuarios y obran un efecto redistributivo en la sociedad?, ¿se protege la salud pública mediante programas de medicina preventiva y existen los recursos para satisfacer la demanda de personal, equipo, materiales de curación y medicamentos en clínicas, hospitales y centros de asistencia? ¿México es productor de medicamentos e impulsa la investigación farmacológica y epidemiológica, entre otras? ¿Nuestras escuelas de medicina y enfermería, tienen un enfoque social o son productoras de mentalidades ligadas al mercado?

Recuerdo hace años que se desplegó la alarma general por la gripe H1N1 (gripe porcina), lo que produjo pingues ganancias al laboratorio fabricante de Tamiflu, ligado al entonces vicepresidente de los EE. UU., Dick Cheney. Las autoridades de salud decretaron el uso extensivo e intensivo de dicho medicamento y fue común ver colas de atemorizados ciudadanos que iban a recibir la vacuna contra ese bicho de peligrosidad oficial incuestionable. Otros productos que fueron altamente demandados son los cubrebocas y el gel antibacteriano. ¡Negocio redondo! ¿Beneficios para la salud de los pacientes cautivos e hipocondriacos por inducción? Ninguno que esté debidamente documentado.

En épocas en las que el mercado se pone por encima de los objetivos sociales que cualquier gobierno debiera tener y que justifican la acción pública, no faltan quienes especulan sobre la esperanza de vida de la población con fines de mercadotecnia y, por qué no, recaudatorio.

Lo mismo le dicen a usted que necesita comprar un seguro de vida como integrar un fideicomiso para “la educación de sus hijos”, con lo que reducen la visibilidad de la salud y la educación pública, en beneficio de los agentes privados; y otro reclamo que se oye con mayor frecuencia es el del ahorro.    

Gracias al arrebato privatizador del supremo gobierno, los fondos pensionarios pasaron a ser administrados por tiburones trasnacionales que funcionan como bancos o agencias especializadas en esquilmar pensiones. Tenemos las Afores y una serie de intentonas de quebrar los sistemas de seguridad social de los estados, por la vía del saqueo, el abandono del gobierno y la ineficiencia que se induce al desalentar el trabajo profesional de sus servidores, a lo que se agrega la privatización o subrogación de servicios como farmacia, tomografías, hemodiálisis, medicina especializada, pasando por aseo, cocina, ambulancias y seguridad, entre otros.

Así pues, tenemos que los intentos de tronar al ISSSTESON y elevar las cuotas y los tiempos de cotización para el acceso a la seguridad social en Sonora, embarrados en la reforma a la Ley 38 en tiempos de Eduardo Bours, tienen como finalidad enfocar los servicios esenciales de protección al ciudadano trabajador y sus familias al tortuoso ámbito del mercado.

Como es del dominio público, el ISSSTESON ha emprendido una campaña de terror entre los organismos afiliados y sus trabajadores con amenazas de suspensión de los servicios de salud y de pensiones si no se firma un convenio donde las cuotas suben mientras lo demás permanece como está, es decir, con cuadros básicos reducidos, atención diferida para cuando se les antoja, subrogaciones que sólo funcionan con dinero de por medio y, en fin, un panorama de privatización solapada, vergonzante e indignante. La salud, según esta concepción, es un negocio. Nosotros decimos que es un derecho.  

Es claro que se trata de una agresión a los principios de solidaridad y subsidiariedad que deben existir entre los trabajadores y sus organizaciones y el Estado en su vertiente social, dentro de la cual se supone está el ISSSTESON. Pero si el pacto social se rompe, entonces sólo queda a los trabajadores la resistencia y la oposición enérgica a lo que es una clara violación a sus derechos laborales y sociales, y la exigencia legal y política de su cumplimiento.

La Universidad de Sonora y las otras instituciones afectadas están obligadas a unir sus fuerzas y decir NO a la arbitrariedad y al abuso. El gobierno del Estado, por su parte, debe cumplir con sus obligaciones constitucionales y estar al servicio del bienestar ciudadano. La ciudadanía tiene que alzar la voz y actuar en legítima defensa.


lunes, 8 de enero de 2018

Trabajo y seguridad social

“Cuando las circunstancias cambian, yo cambio de opinión. ¿Usted qué hace?” (John Maynard Keynes).

Tenemos la idea de que el trabajo es la condición esencial para tener un ingreso monetario y, por tanto, existencia económica debido a nuestras interacciones en el mercado. Se asocia de manera automática e indiscutible a la remuneración por el tiempo de trabajo invertido en un entorno específico, sujeto a normas y procedimientos que, finalmente, también están determinados por el mercado y, no tanto, por las necesidades humanas. Así pues, la lógica de la oferta y la demanda chupa nuestras energías mentales, emocionales y físicas, en una cadena continua de eventos que van desde la inserción al entorno laboral hasta el fin de la vida productiva.

En este contexto, el hombre nace predestinado a trabajar para vivir, es decir, a depender de factores externos de índole económica para resolver sus necesidades materiales y no tanto para desarrollarse como persona; esto es, que en el plano emocional, social y político tenemos un déficit de atención que nos hace adolescentes crónicos echados a puntapiés en el camino en construcción de lo humano.

Lo anterior da cuenta de un grado de enajenación que convierte en paria al trabajador, bajo la férula de un patrón y de un sistema que decide el bien y el mal para su empleado. Este sistema de exclusión, de privación de derechos laborales y sociales que, en resumidas cuentas, lo es de derechos humanos, conforma e impone una mentalidad siempre subordinada, siempre expectante de las decisiones externas que considera de obligado acatamiento. Así, los derechos de los trabajadores son percibidos como una graciosa concesión del capital y la empresa el vínculo más eficiente de éstos con la realidad social que es interpretada de acuerdo con la lógica del mercado.

En este contexto, el trabajo se convierte en una obligación vital en términos de la supervivencia en una sociedad ajena y hostil, solamente vivible mediante la posesión de medios de producción de mercancías, dinero para adquirir bienes y un conjunto de normas jurídicas que ponen muy en claro la frontera entre lo propio y lo ajeno, con exclusión discreta o evidente del desarrollo de lo humano. Lo anterior es claro si consideramos que la naturaleza de las reformas laborales de nueva generación ha subrayado el peso del Mercado sobre el Estado y, consecuentemente, la preeminencia del capital sobre el trabajo.

Recientemente se ha ventilado la posibilidad de un aumento en el salario mínimo, incluso por parte de organismos patronales; pero al mismo tiempo los empresarios aplauden sin recato las reformas legales que hacen posible el despido de los trabajadores sin responsabilidad para ellos, así como mayores facilidades para contratar sin la obligación de reconocer antigüedades ni derechos adquiridos, además de las generosas devoluciones de impuestos con que son premiadas las empresas por cumplir con lo que legalmente es su obligación. Vemos, pues, que mientras los salarios y los derechos laborales van a la baja, los precios de los bienes de consumo popular suben, al igual que las tarifas de los servicios, lo cual hace posible que cada aumento anunciado se nulifique casi de inmediato en una carrera donde el que pierde es el trabajador.

Tenemos un trabajo devaluado frente a un mercado cada vez más exigente, lo que da por resultado un sistema de exclusión económica y social que afecta enormemente los valores de una sociedad que se dice democrática: la esclavitud salarial es una condena de por vida que sufre el productor directo que ve reducidas sus expectativas de bienestar y progreso. Consecuentemente, el aparente ahorro de las empresas por concepto de remuneraciones al factor trabajo se convierte en un decremento de la demanda de los bienes y servicios que el sistema produce, con lo que la oferta tiene, por necesidad, que reducirse con graves consecuencias para los costos de operación de las unidades productivas y finalmente para su supervivencia. El tejido social se rompe y tenemos cuadros de violencia e inseguridad pública que ameritan la revisión del modelo y rectificar la política laboral y salarial, tanto como la seguridad social como mecanismo de redistribución del ingreso y, por consecuencia, de estabilidad social. Llegados a este punto, debemos pensar seriamente en que la fortaleza de la seguridad social depende de la calidad y la cantidad del empleo, tanto como su defensa por parte de las organizaciones de los trabajadores. 

Si tenemos empleo precario e ingreso por debajo de la línea de pobreza en un alto porcentaje de la población nacional, ¿cómo se puede pensar que los sistemas de seguridad social puedan ser sostenibles? ¿Cómo es posible que el gobierno pretenda hacer caer sobre las espaldas de los trabajadores el peso de la corrupción y pésima administración de la seguridad social? ¿Podrá, un gobierno responsable, pensar que la inconformidad social se resuelve con leyes que autoricen el uso de la fuerza armada, o que silencien a los críticos del sistema y sus representantes? Desde luego que no.

En la actualidad, las organizaciones representativas de la clase trabajadora son el enemigo que vencer del sistema a la par que son, paradójicamente, su mayor sustento. Lo anterior se debe a que los sindicatos son el frente de defensa de los derechos colectivos, pero al mismo tiempo la maquinaria más eficiente de manipulación y mediatización de la voluntad de los trabajadores. En ese sentido, el peso legal y político de sus demandas depende, para efectos prácticos, de la acción o inacción de las organizaciones por cuanto que éstas pueden hacer visible un problema que puede resolverse, o no, en plazos menores que si fuesen abordados por cada uno de los afectados.

En Sonora, ante las reiteradas amenazas de suspensión de los servicios de seguridad social del ISSSTESON, en un acto de absurda violación de la legalidad que tanto se proclama por el actual gobierno de Sonora, los sindicalistas universitarios se han pronunciado por un rotundo no a la exigencia de que la Universidad de Sonora firme un convenio abusivo y desproporcionado. Cabe recordar una vez más que existe un contrato firmado con ISSSTESON en plena vigencia y cualquiera sabe que mientras que una de las partes interesadas no acceda a modificar los términos del contrato, éste sigue normando la prestación de los servicios contratados.

La directiva del ISSSTESON puede incurrir en un gravísimo error no sólo legal sino político al desconocer unilateralmente sus obligaciones y ser, por tanto, objeto de demandas por incumplimiento de contrato y lo que resulte en perjuicio de los trabajadores derechohabientes. Como hemos señalado en otras ocasiones, la organización de los trabajadores y su defensa de los derechos colectivos, laborales y sociales es fundamental.


De última hora: el propio lunes 8 del presente, fecha en la que los sindicatos universitarios realizaban una rueda de prensa sobre el problema en comento, el director del ISSSTESON, Enrique Claussen, comunicó que dejaba sin efectos la suspensión de los servicios y planteaba una próxima reunión para buscar alguna forma de acuerdo entre las partes. Le decimos al señor Claussen que la mejor forma de llegar a acuerdos es cumplir con la ley y dejarse de amenazas, fintas y manipulaciones. Más seriedad.

martes, 2 de enero de 2018

El compañero jubilado

                            “Lo llamamos justicia... pero su nombre es amor” (León Felipe). 

Mientras el tiempo pasa, se cultivan amistades, afectos y distanciamientos que pueden ser temporales o definitivos. En esta categorización, ¿cuál es el lugar del compañero que se jubila? Tras una larga carrera en una profesión y en un lugar compartido con muchos, ¿dónde quedan las vivencias comunes, los espacios logrados, los obstáculos vencidos, las fronteras traspasadas y el lazo que une, o puede unir, a varias generaciones de quienes cultivan la misma profesión, arte u oficio? ¿Son sólo de los que se quedan y descontados de la vida de quienes se van?

Quienes se retiran jubilados por antigüedad o por circunstancias personales que aplican para pensión, ¿siguen siendo lo que son, en los términos de una trayectoria vital que siempre es paralela a la de otros, en el mismo tiempo y espacio?, ¿o son, por ese sólo hecho, excluidos de toda consideración y memoria?

Lo anterior viene al caso porque es frecuente que a quienes se jubilan se les vea como seres de segunda, que ya llegaron a su fecha de caducidad humana, social y política, e incluso se les prive del beneficio de reconocer su trayectoria, talento, experiencias que pueden ser de tanta utilidad como lo eran un día antes de su retiro laboral. ¿Cómo de un día para otro cambia la percepción de quienes fueron compañeros de trabajo, o alumnos? Pareciera ser un proceso acelerado de devaluación de la persona y, por tanto, una descalificación súbita que retira capacidades profesionales y potencialidades de logro.

¿Acaso ocurre una especie de muerte cívica? ¿Se dan cambios cualitativos y cuantitativos que muchas veces sólo son percibidos por los demás? ¿La exclusión que resulta es una forma de defensa del territorio antes compartido? ¿La jubilación ya no es una conquista laboral y social sino una condena por el crimen de ejercer un derecho esencial de quienes trabajan?

En la medida en que el sistema económico, con la trivialización de la vida que lo caracteriza, avanza y se revela como una ideología de lo desechable que se materializa en la política económica y social, las prioridades del discurso político cambian como cambia también la idea del otro; nuestra concepción de la vida y el aceleramiento de la muerte social de quienes “ya cumplieron” con su cuota de plusvalor en beneficio de la empresa pública o privada que contribuyeron a hacer funcionar, se convierte en una especie de imperativo categórico que apenas disimula su vertiente genocida. La aniquilación generacional complementa y define la del trabajador precarizado, la insolvencia crónica y las expectativas de bienestar canceladas o, simplemente, disminuidas o ignoradas. El sueldo o el salario no es un derecho, contraprestación o pago, pues en esta lógica es un favor, una dádiva generosa que no acaba de ser merecida y que, por tanto, puede ser regateada, condicionada o disminuida.

El pragmatismo del mercado y su ética excluyente convierten a la persona en cosa y sus capacidades en mercancía, por la misma razón que las remuneraciones al trabajo se ven como costos que hay que disminuir. Tenemos, entonces, sociedades donde los productos esenciales de consumo personal aumentan sus precios mientras que los sueldos permanecen por debajo de la línea de pobreza, con incrementos que resultan una simulación. El trabajo tiene remuneraciones de infra subsistencia y sus productos quedan fuera del alcance del trabajador, por lo que no debe resultar sorprendente que aumenten las tasas de disfuncionalidad familiar, divorcios, delincuencia e inseguridad.

Si los salarios son bajos y las empresas procuran gastar menos en ellos, la seguridad social termina siendo una cuestión meramente simbólica o una forma más de aprovechar la debilidad de la clase trabajadora en beneficio de las empresas tanto de salud, vivienda, educación como de pensiones. Así pues, se tiene por un lado empleo precario y mal remunerado y, por el otro, agentes privados en pos de los ahorros de los trabajadores.

Pero, si la situación es complicada para los trabajadores en activo, los jubilados suelen tener un doble problema: por un lado, los costos de la vida aumentan en la medida en que se llegan a requerir mayores atenciones en salud, pero independientemente de lo económico, se suma la devaluación de la persona por parte de sus antiguos compañeros. Así pues, el jubilado padece la crisis del sistema y el deterioro de la consideración social por la influencia de una ideología individualista y pragmática que deshumaniza las relaciones y afecta seriamente el tejido social.

Cabe señalar que el jubilado, por razones naturales, deja de ser competencia para los activos, pero al mismo tiempo supone un apoyo en términos de experiencia que bien puede ser aprovechado en el plano personal o en el organizacional. Esta posibilidad es tan real que, por ejemplo, en el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Sonora (STAUS) se tuvo la visión de incorporar a los jubilados en una delegación dentro de su estructura, con lo que se suma a otras organizaciones de alcance local y nacional que valoran la trayectoria de sus miembros y tienen clara la importancia del aporte intergeneracional en su fortaleza y consolidación.

En las urgentes tareas de reparación del tejido social y de rehumanización de las relaciones entre pares, la solidaridad es un concepto clave en la identidad y los propósitos sindicales, de cara a las complejidades de los retos que presenta el sistema anclado en la ideología neoliberal contra los trabajadores.


En consecuencia, los trabajadores activos y retirados deben replantear sus luchas considerando que la temporalidad de la vida laboral debe situarse en el marco de los derechos colectivos adquiridos mediante la lucha de generaciones sucesivas de trabajadores, razón y esencia de la organización sindical. En tal sentido, el sindicalismo no sólo ve hacia el presente, sino que debe considerar el pasado y el futuro como una construcción colectiva intergeneracional, guiada por el propósito de defender los intereses de clase de los trabajadores, y el mejoramiento de sus condiciones de trabajo y de vida, lo cual pone en el centro de la atención la seguridad social como un derecho irrenunciable.