El juego de votar

“La democracia no es el silencio, es la claridad con que se exponen los problemas y la existencia de medios para resolverlos” (Enrique Múgica Herzog).

En la vida cotidiana partimos de muchos supuestos que vertebran nuestras decisiones y organizan nuestra vida. Creemos en la democracia como algo que está ahí, en espera de que alguien actúe de acuerdo con sus principios y valores, acojonados por la visión de una mayoría que sabe lo que le conviene y que busca el bien común. La mayoría es el gran cardumen social que avanza y gira de acuerdo con un programa debidamente instalado en su memoria por los siglos de los siglos y que le garantiza su supervivencia en las agitadas aguas de la vida cotidiana, y que, siendo lo que es, el futuro depende del movimiento masivo de sus integrantes.

La mayoría se erige en el factor de persuasión política indiscutible, y el discurso electoral siempre tiende a apoyarse en esa conveniencia proyectada al futuro que concita fuerzas y promueve acciones. La mayoría es una entidad abstracta que presume de concreta cuando se convierte en cliché, en argumento de venta de ideas y compromisos y es, en ese momento, objeto de manipulación y de control de una minoría que conoce los mecanismos de la acción social. Así, el interés particular se convierte en el motor del general.

Seguramente a usted le han recetado eso de que “la mayoría está de acuerdo con…”, o que “una mayoría apoya …”, y el temor a la masa abstracta llamada mayoría se transforma en motor de una acción irreflexiva y totalmente involuntaria pero forzosa y exigible. La presión de una minoría manipuladora adquiere legitimidad por exclusión: “si no estás de acuerdo con la mayoría eres antidemocrático e hijo de la chingada confeso e irredento.” ¿Quién se animaría a soportar el sambenito de lo antidemocrático y ser excluido del cardumen social con el que comparte y navega? La presión de unos alcanza a acojonar a muchos, de suerte que la “democracia” se convierte en un garrote que amenaza las cabezas de quienes sobresalgan a la medida establecida por las reglas de convivencia establecidas por unos cuantos y aceptadas sin pizca de conciencia crítica por los demás.

Los griegos tenían claro que la democracia sólo funciona entre iguales, pero si de entrada hay unos que se asumen como poseedores de la verdad y reclaman su administración exclusiva, ¿qué hay de los demás que en números bien pueden ser la mayoría pero que su peso es menor que quienes administran el saber, la memoria y el conocimiento de las reglas del grupo? ¿Una voluntad pude hacer que las demás sean simplemente un cardumen social que se mueve de acuerdo con su impulso? ¿Las organizaciones sociales, sean políticas, gremiales o de otra índole, dejan de tener capacidad de crítica y autocrítica cuando ceden su poder a tal o cual liderazgo? Si es así, ¿dónde quedó la raíz democrática y la legitimidad de sus representantes? Pues queda en un fantasmón que sirve para convencer a quien se deje que las medidas que se proponen y deben ser aceptadas son “democráticas”.

Después de este largo rollo le planteo un caso particular para ilustrar la situación: en el cotarro universitario se ha vuelto tema recurrente la situación del ISSSTESON a partir de antecedentes que usted posiblemente conoce: el Instituto se convirtió en la caja chica de los gobiernos tanto priistas  como panistas; se reformó la Ley 38 para obtener más recursos por concepto de cuotas; se evidenció el saqueo y el desfondo pensionario alcanzando un daño patrimonial de 6 mil 41 millones de pesos y se optó por presionar a los organismos afiliados a que firmaran convenios claramente recaudatorios para compensar el robo y las desviaciones de recursos, sin que hasta la fecha existan evidencias de que la acción legal sea efectiva y que se vayan a recuperar los fondos robados. En este marco, la directiva de ISSSTESON dio en presionar a la Universidad de Sonora para que sin más firmara el citado convenio, amenazando con la negación del derecho a los servicios médicos y suspendiendo o lentificando el trámite para la pensión o jubilación de quienes tenían el derecho de solicitar esta prestación. Consecuentemente, el tema del convenio figuró en primer lugar en las preocupaciones y en las discusiones al interior de los sindicatos universitarios.

La Universidad de Sonora (UNISON) se ha negado a firmar un nuevo convenio por la simple razón de que tal exigencia aumenta grandemente su gasto corriente y el dinero recibido por concepto de subsidios no alcanza a compensar el esfuerzo económico que supone el pagar cuotas más altas por el mismo servicio. Cabe recordar que la UNISON es un organismos académico y cultural subsidiado por el gobierno federal y el estatal, de suerte que, si el gobierno estatal a través del ISSSTESON reclama cuotas más altas por concepto de seguridad social sin aumentar el subsidio, las cuentas universitarias no van a salir bien porque los recursos requeridos para el cumplimiento de sus funciones sustantivas no serían suficientes. ¿Usted cree que es justo que el gobierno exija a la Universidad el cumplimiento de algo que en primera instancia depende de él? ¿La institución debe pagar por las raterías del propio gobierno?

Como suele suceder en otros campos de la actividad pública, los trabajadores están siendo persuadidos de que de ellos depende la viabilidad financiera del ISSTESON y que deben pagar más por los servicios y prestaciones a que tienen derecho, en una rara transformación del ratero en vocero de la justicia y la legalidad y del defraudado en culpable del desfondo. La junta directiva del organismo exige tronantemente la firma de un nuevo convenio y amenaza con la quiebra del Instituto si no se aumentan las cuotas. Seguramente usted sabe que los trabajadores afiliados pagan puntualmente sus cuotas que son descontadas en cada día de pago durante décadas, pero, aun así, el dinero no le alcanza a la directiva de ISSSTESON.

Aunque los sindicatos universitarios han desarrollado una larga campaña de información entre sus bases se evidencian dos aspectos fundamentales: no existe información masiva del derecho que asiste a los trabajadores a tener una pensión completa con base en la ley anterior a la reforma de 2005, además de que el propio sindicato no ha asumido esta demanda como propia. Por otra parte, solamente se ha informado de la situación del Instituto y la alternativa fatal de pagar más. Se ha considerado que el problema mayor es lograr consenso respecto a la decisión de firmar o no el citado convenio, de ahí que se plantee la celebración de un plebiscito donde los universitarios habrán de votarlo.

Suena bien en términos de una democracia en abstracto, pero lo cierto es que sin propuesta previa no existe razón alguna para impulsar un “plebiscito”.

Lo lógico es que la Universidad presente alternativas a los sindicatos y que éstos decidan por mayoría informada si se aceptan o no los términos de la propuesta, pudiendo ofrecer observaciones y sugerencias que hagan posible el consenso. Resumiendo, no puede haber plebiscito sin propuesta previa que lo justifique.

En Sonora como en el resto del país, se sufre una crisis de valores democráticos y de justicia social que afectan a las instituciones y las formas de organización de la sociedad civil, por lo que queda claro que la lucha por la vigencia de los derechos humanos, destacando el derecho al trabajo, a la seguridad social y una mejor calidad de vida es irrenunciable, y con ello, la crítica seria e informada sobre la conducción de la cosa pública en el nivel local, regional y nacional.

La democracia desinserta de su base social no deja de ser una caricatura o un exceso de manipulación que nos lleva a ese peligroso mal de las sociedades políticas, el democratismo:

“La voluntad mayoritaria puede llegar a ser una voluntad dictatorial si la acción de las minorías no se encuentra plenamente garantizada en el juego político. Si a las minorías se les niega la posibilidad de ser mayorías, es suspendido el juego político al interior de una democracia y con ello la democracia misma comienza a extinguirse.

Ningún gobierno puede usar el recurso de la mayoría para reprimir a minorías y seguir llamándose a sí mismo democrático. La mayoría otorga el gobierno, pero no un cheque en blanco al gobernante. El ‘democratismo’ no siempre es democrático. Si un gobierno aplasta a las minorías solo porque ganó las elecciones gracias a una mayoría, las minorías tienen el derecho, incluso el deber de rebelarse, no contra las mayorías sino en contra de los representantes políticos de esas mayorías, quienes convierten el recurso más democrático de una nación en un medio de opresión antidemocrática.

Hay que tener en cuenta que toda mayoría sólo refleja el estado de la opinión pública el día en que se realizó una elección” (Luis Herrería Bonnet, en Hispanismo.org).

¿Un buen arreglo?

                                       “Movimiento es el paso de la potencia al acto” (Max Frisch).

Las aguas nacionales se agitan por el influjo cíclico de las elecciones, como si se tratara de dar respuestas distintas a las preguntas existenciales de nuestra economía sin modificar nada, o casi nada, del contexto, los actores y los métodos. Nos repetimos, redundamos en las interrogantes clave de nuestro acertijo nacional, sin pausa ni respiro; rascamos en los bolsillos de la estructura salarial en busca de la satisfacción de necesidades acumuladas sin ampliar la bolsa ni llenar tanto expectativas como certezas, perdidos en la oquedad cancina de nuestro círculo vicioso estructural. El sistema, cadáver que se cachondea cada tres o seis años, apesta el acontecer sin que medie máscara antigases ni aromatizantes que valgan: lo que está podrido no admite cirugía reconstructiva.

Sin embargo, se nos recetan fórmulas mágicas para abatir la fealdad de la inflación, el exceso de equipaje de una población en aumento, que ya no cabe en el tren de la contención salarial y las alzas de precios y tarifas de los bienes y servicios que son públicos y se comportan como privados. El sistema que augura jugosas ganancias para los grandes corporativos trasnacionales hinca sus dientes en la carne flácida de un gobierno prostituto, y copula con la dignidad nacional que trota por las calles y medra en las esquinas y callejones de la economía mundial. La nación-traspatio tiene recursos naturales, estratégicos si hubiera proyecto propio. En este contexto, las promesas de bienestar, combate a la corrupción, cese de la violencia e inseguridad pública, suenan como pitorreo lectoral, como chascarrillo mamón que nadie celebra, salvo sus autores.

Los batidos políticos que se ofrecen al paladar nacional como opciones electorales actúan como pócimas vomitivas y cumplen su función a la perfección al disuadir al votante de cumplir con su papel de elector nacional y local. Usted podrá replicar diciendo que otra opción es la del López Obrador, y estoy de acuerdo, pero, en el panorama político-electoral diseñado para acarreados, apáticos, timoratos y despistados, la inercia de votar por el PRI o el PAN es fuerte, y las variantes de un mismo modelo siguen siendo un pleonasmo, redundancia o tautología que reduce la oferta a su mínima expresión: es PRI o PAN, nomás que revolcada, marinada, adobada, empanizada o simplemente empaquetada con nuevos envases y marcas. La mierda puede estar en la letrina, en el sanitario, en una placa de Petri o envuelta en papel para regalo, pero sigue siendo lo que es, mierda. La opción de López Obrador se sataniza, rechaza y excluye en el discurso oficial porque supone “un peligro para México”, un boleto de ida a las cavernosas y temibles regiones del cambio. Nos dicen que con esto llegaremos a estar como en Venezuela o Cuba, padeciendo los horrores de una democracia basada en la voluntad del pueblo, en defensa de su patrimonio material y cultural, con salarios dignos, con empleo, educación, vivienda y salud para todos. ¿Se imagina usted vivir en un país donde los recursos naturales sean para beneficio del pueblo que lo habita? ¡Cielos, no lo puedo creer! Debe ser terrible creer y defender la soberanía nacional.

Tanto el PRI como el PAN y satélites coaligados tiene discursos complementarios que recuerdan el bodrio salinista de las concertaciones, de la formalización del cogobierno y el pacto de complicidad transexenal para efectos de garantizar la impunidad y el disfrute del saqueo del erario y el despojo inmobiliario, así como el blindaje de negocios bastante corruptos y rentables. ¿No es lógico que centren su campaña en desacreditar a su contraparte electoral encarnada en Morena? Su calidad de socios los obliga a cargar contra el “outsider” que puede dar la sorpresa de vencer la aplanadora del sistema y una buena estrategia es la del temor visceral de grandes capas de la población que tiene la costumbre de sufrir el apaleamiento del sistema pero que, sin embargo, tiene miedo de reaccionar en su propia defensa. ¿Valdrá la pena dejar hacer a un sistema que te jode? ¿Usted cree que si vota por López Obrador va a perder lo ganado? ¿En serio, cree que podríamos estar peor?

Un pueblo con una voluntad política paralizada es el escenario ideal para el avance de las trasnacionales, para la explotación de los recursos por manos extranjeras, para retroceder a la época colonial o si se prefiere a los tiempo del porfiriato. Cabe recordar que la huelga de Cananea tuvo el propósito de emancipar a los trabajadores del yugo y la explotación de los gringos, la expropiación petrolera y la nacionalización eléctrica, pasando por la de los ferrocarriles fueron hitos en la consolidación de nuestra independencia y libertades; de la construcción de un país de leyes, del reconocimiento y consolidación de las luchas de los trabajadores, de abrir el camino para paz y la justicia social. Usted sabe que somos un pueblo traicionado por un sistema corrupto que se resiste al morir.

A juzgar por nuestra experiencia histórica, un buen arreglo para este complejo desbarajuste económico, político y social nacional sería el decidir votar de una vez por todas por el cambio, y en ello llegar a la conclusión de que no podemos estar peor que como estamos, y que, como se vea, estaríamos mejor con López Obrador. Ahora que si ya de plano hemos perdido la esperanza y nos vale gorro lo que siga, prácticamente declarados enfermos terminales, pues ahí están los predecibles e infaltables Anaya y Meade. Sobre aviso no hay engaño.

Es que es el sistema

                                 “Pena de prisión a las ratas del ISSSTESON” (consigna sindical).

Como usted sabe, actualmente estamos empeñados en una lucha por la vigencia de los derechos humanos y la justicia social y que postula, centralmente, el derecho que tienen los trabajadores al acceso a la salud y la seguridad social, de suerte que se garanticen sin regateos ni manipulaciones las prestaciones y servicios que hacen posible una vida útil y una vejez digna. Entendemos la seguridad social como un mecanismo solidario de redistribución del ingreso prioritario en una economía donde lo único que suben son los costos de los bienes y servicios básicos para la población, así como las prerrogativas que tiene las empresas privadas sobre las entidades públicas.

A todo mundo pega la inflación, la falta de oportunidades, el desempleo y subempleo y, sobre todo, la ausencia de sentido social que tiene las reformas estructurales que no sólo afectan la buena marcha de los asuntos públicos sino que desgarran el tejido social y general cuadros de violencia incontrolables e inocultables, a pesar de los esfuerzos del gobierno por ocultar los nefastos efectos de las privatizaciones, la desnacionalización de los bienes públicos y la ausencia de un proyecto nacionalista.

En este desbarajuste neoliberal las fuerzas sociales están atomizadas por el peso de la ideología dominante de corte inmediatista y pragmático, individualista y animada de un sórdido hedonismo que subordina el interés público al privado, con el resultado de una sociedad excluyente y hostil para las grandes mayorías nacionales.

La corrupción avanza a pasos agigantados en el terreno fértil de la desideologización y el individualismo de corto plazo, siendo el futuro algo siempre lejano y ajeno, como lo son las causas sociales y los retos de afrontar las amenazas del sistema. Parece como que la voluntad política de una mayoría apática y acomodaticia estuviera por renunciar a sus derechos ciudadanos se declarara partidaria del voto útil hacia quien tiene el poder y representa el polo explotador de la sociedad. El síndrome de Estocolmo en su versión nopalera.

Muchos dirán que para qué luchar si de todos modos el sistema hará lo que le plazca, que es el gobierno y contra él nada se puede, que para qué desgastarse en luchas cuesta arriba, entre otros “argumentos” producto de una mentalidad domesticada. Nosotros decimos que una lucha está perdida cuando se abandona. Debemos entender que la utopía se alcanza sólo perseverando en un proyecto entendido como de largo plazo, porque si se quiere aquí y ahora el movimiento se desacredita y acaba en decepción y en inmovilidad social y política. El agua no hierve a menos de 100 grados centígrados en condiciones normales.

En el caso particular del grave problema de la seguridad social en Sonora, como en el resto del país, se tienen constancia de una política gubernamental privatizante que parte del supuesto de que es mejor la administración de los recursos pensionarios por parte de los agentes privados antes que el propio gobierno, porque ellos “garantizan mejores rendimientos, menos burocracia y transparencia”. En el mundo real está documentado en experiencias internacionales que nada de esto sucede de acuerdo con la receta neoliberal en boga. Así pues, el enorme caudal de recursos frescos que ingresa a las arcas de los agentes privados administradores de ahorros pensionarios no garantizan nada sino pérdidas cíclicas llamadas eufemísticamente “minusvalías”, dependiendo del comportamiento de la bolsa de valores, con lo que tenemos más de tres  billones de pesos gratuitamente entregados a las administradoras privadas para que especulen con ellos, generen ganancias para ellos y sólo entreguen pensiones del 30 por ciento de su salario al trabajador. Las empresas administradoras, sin embargo, advierten que debe aumentarse la participación de los trabajadores mediante un mayor ahorro “voluntario” para dar viabilidad al sistema y poder alcanzar mejores pensiones. La fórmula ideal es aportar más durante más tiempo.   

Curiosamente, los sistemas de seguridad social estatales presentan condiciones de deterioro y riesgo de quiebra debido a que los fondos se vuelven insuficientes para cumplir con el pago de los servicios y prestaciones a su cargo, a pesar de que los trabajadores siguen puntualmente cotizando. Entre las causas están los costos de las pensiones en relación con el tiempo y monto de las cuotas aportadas y, desde luego, los desvíos milmillonarios de que son presa desde el propio gobierno estatal. Entonces, tenemos que los trabajadores “deben aportar más y durante más tiempo”.

Mientras que los presupuestos estatales y federales para la educación superior disminuyen en términos reales, los sistemas pensionarios pugnan por aumentar tiempo y cuotas, con lo que se reducen las posibilidades de un sueldo remunerador. La clase trabajadora en general y los universitarios en particular sufren los errores de la política económica nacional y de la reducción de las responsabilidades del Estado que transfiere o comparte con el sector privado, ahora mayormente trasnacional.

Las anteriores consideraciones pintan las coordenadas de las luchas sociales y el contexto en el que se dan las acciones de resistencia y oposición al modelo neoliberal y los perversos impactos de sus políticas, entre los que destacan la grosera impunidad de los defraudadores, de los saqueadores de los recursos de la seguridad social estatal. Sonora es un ejemplo de robo impune de los ahorros de los trabajadores y lo es también de la presión y el hostigamiento contra los trabajadores a fin de que acepten condiciones que son de suyo indignantes.

Tal es el contexto y el carácter de la lucha de los sindicalistas universitarios en defensa de la seguridad social; es una lucha dispareja, llena de obstáculos algunos de ellos puestos por los propios trabajadores afectados que han cedido por enajenación a los impulsos de un sistema corrupto y castrante. El inmediatismo individualista es un cáncer que corroe las entrañas de las organizaciones sindicales, y es evidente factor de fracaso de los intentos reivindicatorios de derechos y conquistas laborales y sociales. Contra ello, la medicina efectiva es la toma de conciencia y de compromiso para con la organización y los intereses de clase. La unidad es esencial para la lucha de los trabajadores.

Confiamos en que las presiones recaudatorias espurias del ISSSTESON no prosperen, y que la clase trabajadora sonorense pueda decir a las generaciones futuras que cumplió con su deber.

La unidad sindical frente al ISSSTESON

                                                  “No hay más cera que la que arde” (conseja popular).

Iniciamos el año con una grave situación de inarmonía entre el ISSSTESON y los organismos afiliados entre los que hemos de destacar la Universidad de Sonora (UNISON), respecto al punto de un nuevo convenio que el Instituto exige se firme para estar “armonizado” con la reforma a la Ley 38. La UNISON en su momento rechazó la posibilidad de una firma en tanto no aumentara proporcionalmente el monto del subsidio, ya que, de aceptar sin más las condiciones del convenio, sus funciones sustantivas y operación en general se verían seriamente afectadas y reducidas a la mínima potencia. Dicho en otras palabras, entraría en una situación de semi-parálisis al reducir sus planes de expansión de la oferta educativa y los servicios que proporciona a sus estudiantes y comunidad en general.

La importancia económica, cultural social de las funciones universitarias no puede estar en duda, y los apoyos que recibe y recibirá el Alma Mater tendrán que ser abonados a la cuenta del progreso sonorense y de la región, dada su presencia y relevancia comprobada a lo largo de su historia; sin embargo, el gobierno ha sido omiso en su obligación de velar por el impulso a la cultura y la educación superior al regatear los recursos que se requieren y que puede exigir por ley. La verdad es que no se cuenta con un subsidio que ofrezca posibilidades plenas de progreso institucional de acuerdo con las necesidades locales y regionales a satisfacer.

Pero si el fantasma de un rezago en el cumplimiento de las altas funciones universitarias es temible, ahora tenemos una nueva fuente de zozobra institucional: el recrudecimiento de las presiones y amenazas del ISSSTESON de suspender los servicios y el establecimiento de plazos para la firma del convenio, según consta en documentos y notas periodísticas difundidas por diversos canales informativos.

En el momento actual, la atmósfera sindical está cargada de malos presagios, porque tanto cunde la desinformación como la desesperación entre sus agremiados. En los distintos actos que marca el Estatuto sindical, como son las asambleas generales, el Congreso General Resolutivo, reuniones del Consejo General de Delegados, así como en las reuniones delegacionales del STAUS y las correspondientes del STEUS, se ha expuesto el problema del ISSSTESON y su exigencia de que la Institución universitaria firme el nuevo convenio a contrapelo de la realidad económica institucional. Los universitarios se han pronunciado por el rechazo a dicha imposición y han cuestionado la legalidad de las amenazas de una suspensión unilateral de los efectos del contrato vigente de prestación de servicios, así como la absurda pretensión de aplicar de manera retroactiva los incrementos fijados en la reforma de 2005 a la Ley 38.

En la actualidad existen un número considerable de demandas por nivelación pensionaria contra el gobierno del Estado, el ISSSTESON y quien resulte responsable, mismas que inicialmente se ganaban por los trabajadores afectados y que ahora, por línea directa del gobierno, duermen el sueño de los justos. La justicia en Sonora ha reprobado asignaturas tan elementales como el respeto a los derechos de los trabajadores, a la obligación de garantizar y proporcionar servicios de salud y seguridad social a través del ISSSTESON a sus afiliados. La respuesta a todo reclamo es la misma: no hay recursos.

Sin embargo, ha habido recursos para las campañas políticas, para el gusto y jolgorio de algunos de los que han ocupado las posiciones más elevadas de la estructura política estatal, y los actos de corrupción institucional han tenido tanto la justificación demagógica como la cobertura legal al implementar convenios como el que se comenta, como acelerar por otros medios el deterioro de la seguridad social mediante la entrega de ciertos servicios a la iniciativa privada. Actualmente no son extrañas las subrogaciones, en un contexto local y nacional donde la entrega del patrimonio público se convierte en  norma y los costos de los servicios "deben" correr por cuenta del ciudadano.

En el ISSSTESON existe un quebranto patrimonial de 6 mil 41 millones de pesos y ahora el nuevo director, Pedro Ángel Contreras López, señala que la misión encomendada por la gobernadora es la de “darle viabilidad financiera” al ISSSTESON. Las formas han cambiado, pero la solución es la misma: cargar sobre las espaldas de los trabajadores la recuperación del desfondo pensionario. Al reclamo de que antes de hablar de un nuevo convenio primero se deben recuperar los recursos robados, el director Contreras contesta que no puede decir a la gobernadora que le inyecte recursos al Instituto, porque entonces ¿para qué lo puso ahí?

Queda claro que lo que no hagan los trabajadores no lo hará el propio funcionario responsable (sic) de poner en orden las finanzas del ISSSTESON porque, según se ha dicho, no puede ni exigir a Hacienda que entregue los fondos que dejó de reportar en su momento, ni solicitar a la gobernadora que gestione el rescate de una institución que es de todos los sonorenses. La incapacidad de quien está formado en los estrechos moldes de una burocracia presa de enanismo tecnocrático es tan lamentable que casi se puede decir que estábamos mejor antes, cuando la leperada y la demagogia al menos trataban de endulzar las amarguras de los derechohabientes con actitudes más parecidas a un trato humano. Ahora el diálogo queda reducido a la declaración “técnica”, a la ruda respuesta a cualquier réplica del funcionario que se refugia en una misión entendida, quizá, como liquidadora de expectativas de un verdadero diálogo que genere propuestas de solución y consenso.

Ahora más que nunca la unidad de los trabajadores afectados y la solidaridad social son fundamentales para que nuestra Universidad pueda resistir los embates de un modelo privatizante que pude afectar seriamente la vida institucional y el marco de derecho y justicia social que los sonorenses requieren para recuperar la confianza en la viabilidad de las instituciones locales y nacionales.

La gobernadora no sólo debe escuchar los justos reclamos de los trabajadores sino actuar en consecuencia por la naturaleza de su mandato constitucional y emplear las relaciones políticas que ha logrado en su trayectoria personal en beneficio de Sonora. Si no es ahora, ¿cuándo?