Es el sistema

«La probabilidad de perder en la lucha no debe disuadirnos de apoyar una causa que creemos que es justa» (Abraham Lincoln,1808-1865).

Apenas nos estamos reponiendo de la escandalosa revelación de que Salinas y otros connotados parásitos del régimen neoliberal ahora son petroleros gracias a la liquidación de la industria petrolera nacional representada por Pemex y ahora por las empresas transnacionales que expulsó del país el gobierno de Lázaro Cárdenas. Cosa parecida se puede decir de la nacionalización de la industria eléctrica, otrora con eje en la CFE y ahora devuelta a las empresas extranjeras mediante las figuras de cogeneración y demás engendros cuyo único fin es la privatización de los recursos energéticos, cuestión que se plasma en la reforma de Peña en la que la “empresa productiva” mexicana va a la cola en relación con las extranjeras. Al parecer la modernidad se entiende como la capacidad legal del Estado mexicano para dejar de ser, en una negación que huele a recolonización por otros medios.

Así como hay un agandalle claro en materia de recursos estratégicos comercializables, también lo hay en cuestiones de privilegios y canonjías. La clase político-empresarial mexicana busca ventajas económicas a costa de lo que se les ponga enfrente, así, por ejemplo, son notables los casos de los beneficios económicos y políticos de los expresidentes, los ministros de la SCJN, los miembros del Poder Legislativo, entre otros funcionarios públicos, más los empresarios privados que reciben descuentos en sus impuestos y devoluciones multimillonarias como si el Estado fuera tributario de ellos y sus funciones estuvieran más ligadas al beneficio empresarial que al social.

En nuestra realidad política cotidiana abunda el desperdicio de recursos con fines de promoción personal, de autoelogio, de erección de monumentos y altares a quienes ocupan tal o cual posición en el aparato de gobierno vía boletines, notas a modo, desplegados y apoyos mercenarios, y dispendiosas prebendas que van desde la renta de celulares hasta comilonas y viajes locales, nacionales e internacionales, pago de asesores, guardaespaldas, choferes, personal de apoyo y otros a cargo del erario. Mientras el funcionario vive la vida loca, los recursos destinados a las obras y servicios públicos presentan una baja, merma, insuficiencia que sugiere la búsqueda de opciones tales como la concesión o subrogación, formas eufemísticas del avance de la privatización de los bienes y servicios públicos y de la reducción del Estado en favor del Mercado. Asimismo, la insuficiencia de recursos financieros se vuelve crónica y el endeudamiento obliga a buscar dinero privado, con compromisos que terminan resultandos fatales para el funcionamiento de la administración pública que termina en calidad de cliente deudor.

  

En este marco de relaciones donde la irracionalidad es la tónica, se prefiere reformar las leyes antes que poner orden en las finanzas y el gobierno de la nación, el estado o el municipio. La cadena de errores y el dispendio con el que se pretende apuntalar el edificio gubernamental dan por resultado la invención de las asociaciones público-privadas para inversión en obra pública (sic). Es decir, privatizar funciones y abrir las puertas para que la cuestión pública se convierta en un negocio redituable con cargo a las presentes y futuras generaciones de ciudadanos que pagan impuestos y que son causantes cautivos. Vea usted el caso del alumbrado público y la posible privatización del servicio de recolección de basura en Hermosillo. Es el pobre quien termina financiando al rico, mientras que el Estado se reduce y evade responsabilidades y deberes no sólo legales sino sociales e históricos.

Este desbarajuste producto de un modelo perverso de relaciones económicas y políticas tiene graves impactos en la vida ciudadana, porque ha invertido el sentido de las relaciones sociales y, por tanto, prioriza el interés privado sobre el social. Así pues, tenemos una sociedad excluyente para quienes producen la riqueza social, con derechos laborales, sociales y políticos disminuidos y condicionados ilegítimamente. La privatización de la educación, la salud y la seguridad social, entre otras garantías sociales internacionalmente reconocidas y protegidas por los gobiernos suscriptores de acuerdos y tratados internacionales, tanto como la relativización y disminución de las garantías laborales en términos de estabilidad en el empleo, reconocimiento de antigüedad, derechos jubilatorios, salario digno, afectan seriamente la economía familiar y alientan la anarquía social y la inseguridad pública.

Una prueba irrefutable del carácter depredador del sistema es el saqueo de los fondos pensionarios en el nivel local y nacional donde el desvío de fondos y el robo descarado lo   encontramos respecto los fondos de derechohabientes del IMSS, ISSSTE en manos de administradoras privadas. Asimismo, en el caso del ISSSTESON, con un hueco de 6 mil 41 millones de pesos producto de la corrupción y malos manejos del propio gobierno y aun sin ningún resultado en cuanto su recuperación.

Cabe recordar que una “solución” al problema del desfondo autoinfligido de ISSSTESON es la de vender propiedades del Estado, que son propiedades públicas, por tanto, patrimonio de los mismos ciudadanos sonorenses defraudados. Al parecer, la lógica del sistema es cargar las deudas y despojos al ciudadano, que para eso está. Los pillos, defraudadores, delincuentes de cuello blanco, amigochos, parientes, compadres, cuates de partido o cofradía, respiran tranquilos porque es el pueblo quien paga lo que le fue robado. Claro, dirán quienes confían en la desmemoria y la lentitud del aparato legal diseñado para que el pillo salga bajo la presunción de inocencia: “es que es el sistema… confiemos en él”.