¿Huelga en el paraíso?

“Una huelga de intelectuales, que es un supuesto improbable, paralizaría la marcha del mundo” (Camilo José Cela).

Como el culto e informado lector sabe, Sonora padece una enfermedad social que se traduce en el desprecio oficial por los reclamos de los trabajadores cuando de defensa de derechos se trata; así, tenemos que la necesidad de ser un buen lugar para invertir, algo así como un paraíso laboral que halague y consienta a los posibles, probables y potenciales inversionistas que “vienen a generar empleo porque creen en nuestro estado y en la seguridad que ofrece nuestro gobierno”, independientemente que dicha pretensión coarte las vías legales y legítimas de protesta laboral de los afectados de siempre: los trabajadores. En Sonora, por decreto de la actual gobernadora, la política es de cero huelgas.

Tal situación se manifiesta en la forma en que la Junta Local de Conciliación y Arbitraje recibe y decide sobre los emplazamientos y su posterior declaratoria de huelga. La autoridad laboral decide facciosamente dar por inexistente cualquier atisbo de parálisis de actividades y en el mismo sentido va la Secretaría del Trabajo del Estado de Sonora, dependencia gubernamental de existencia cuestionable que se apresura a cumplir las instrucciones de la gobernadora y logra el milagro de convertir el derecho en privilegio: en nuestra entidad no hay derecho laboral que valga y el ejercicio de las garantías legales son, en términos prácticos, un privilegio.

Lo anterior viene al caso porque, tanto en 2014 como en el año en curso, la huelga del STEUS se declaró ilegal y se ordenó el archivo del expediente. Así tenemos que no importa si el gobierno es panista o priista, o el rector de la UNISON es Grijalva o Velázquez, el resultado es el mismo: el patrón tiene la razón por decreto y puede amenazar con el despido a los trabajadores que sostengan la huelga, independientemente de que su emplazamiento y estallamiento haya sido en los términos que la ley establece, sus demandas justas y su actuación pacífica y apegada a derecho.

Se arguye que los estudiantes no pueden dejar de tener clases porque “son el futuro de Sonora”, entidad que genera empleo precario y sigue puntualmente el dogma de no rebasar el tope salarial del 3.4 por ciento, sea cual sea el costo de la canasta básica, el precio de la gasolina, electricidad, agua, educación de los hijos, entre otros gastos forzosos que gravitan e inciden en el ingreso del trabajador, situación que se ha agravado gracias a las llamadas reformas estructurales.

Como usted sabe, la novedad de este gobierno ha sido lo de las zonas económicas exclusivas y, sobre todo, la llamada mega-región Sonora-Arizona bendecida por ambos gobiernos que queman incienso a la potencial utilización de los recursos y el espacio sonorense en beneficio de nuestros vecinos del “otro lado”. Por ahora, centraremos la atención en este último aspecto. Nuestro malinchismo nopalero puede más que las razones estrictamente económicas, históricas, políticas y sociales, despertando los deseos de las clases favorecidas sonorenses de ser tucsonenses honorarios en lacayuna asimilación por el extranjero.

Si la frontera entre nuestra entidad y la vecina Arizona se desdibujan por obra del dólar, la desmemoria y el malinchismo apátrida del gobierno, resaltan, sin embargo, las diferencias en el trato de problemas similares cuando se ofrecen respuestas distintas. Pongo por caso la reciente huelga magisterial de Arizona.

Mientras que en Sonora las instituciones educativas padecen de anemia económica, restricciones presupuestales, reformas punitivas, mecanismos de exclusión y control de los docentes y sus organizaciones gremiales, los profesores de Arizona lograron un aumento general del 20 por ciento en cuatro años.

La huelga que duró cinco días y que finalmente se levantó el pasado viernes 4, dejó sin clases a medio millón de estudiantes de escuelas públicas, es decir 470 mil más que los supuestamente afectados por la huelga del STEUS. Aquí tanto el gobierno del Estado como el rector de la UNISON se rasgaron las vestiduras y bramaron su enojo por la suspensión de clases, amenazando con despidos masivos en caso de que no volvieran al redil los trabajadores que ejercían su derecho a huelga; en cambio, en Arizona el gobernador Ducey dijo que los maestros se habían ganado el incremento y lo consideró un triunfo de éstos y de los propios estudiantes. El aumento significa un gasto de 300 millones de dólares para el próximo año (Expreso, 4 de mayo de 12018). Ambos movimientos duraron cinco días, pero es claro que la actitud del gobierno es completamente distinta.

Pero ya entrados en gastos, ¿usted cree que una “mega-región” transfronteriza puede llegar a beneficiar a la parte más débil del binomio? ¿Se pude suponer bondadosa una relación asimétrica, es decir, la coexistencia de tiburones y sardinas? Aquí cabe recordar que el gobierno de Arizona siempre ha hecho cuentas de los recursos de Sonora, parte del gran traspatio gringo, lo que fue más que evidente en el programa de gobierno del republicano Fife Symington (1991-1997). Seguramente usted recuerda la pretensión de hacer de Guaymas el puerto de Arizona. Lo interesante sería ver esfuerzos gubernamentales por integrar económicamente el Noroeste de México, y aprovechar sus potencialidades en beneficio de los habitantes de las entidades que lo conforman.

Nosotros tenemos huelgas con destino diametralmente opuesto a las que se desarrollan en el país del norte, meca y paraíso de los desarraigados. La diferencia es la concepción que se tiene de desarrollo y la forma de lograrlo. No hay duda de que una mejor retribución al factor trabajo produce mejores resultados en las condiciones de vida de las familias y el clima laboral de la entidad, región o el país. Los sueldos de hambre y la ausencia o disminución de los derechos laborales sólo producen miseria, desencanto y violencia. De esto somos el ejemplo. ¿Mega-región? ¡Pamplinas!